AGENCIA
Veracruz.- La Secretaría de Marina – Armada de México ofreció una disculpa pública a Claudia Medina Tamariz, mujer originaria de Veracruz, por haberla detenido ilegalmente, torturado y criminalizado injustamente en 2012, según lo determinó la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Mediante un comunicado, la Marina reconoció que personal naval la privó de su libertad, la sometió a tortura física, sexual y psicológica, y la acusó falsamente de pertenecer al crimen organizado, imputaciones que más tarde fueron desmentidas en diversas instancias judiciales.
Los hechos se remontan a agosto de 2012, cuando Claudia fue detenida en su domicilio, junto con su esposo, por elementos de la Marina. Posteriormente fue llevada a instalaciones navales, donde permaneció incomunicada por 36 horas, tiempo durante el cual sufrió descargas eléctricas, amenazas, asfixia y agresiones sexuales. Bajo presión y temiendo por sus hijos, firmó una declaración sin conocer su contenido.
Días después, fue presentada ante medios de comunicación como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y consignada por delitos como portación de armas, posesión de cartuchos y contra la salud. Más tarde se le sumaron imputaciones por delincuencia organizada, todas ellas desestimadas por los tribunales federales.
La Marina expresó en su mensaje que reprueba enérgicamente el actuar del personal naval involucrado, al que calificó como contrario a los valores institucionales, y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades para que los responsables enfrenten la justicia.
La resolución judicial que obliga a la disculpa pública estableció que Claudia fue víctima de una actividad administrativa irregular, y que prevalece su estatus de inocencia.
El caso de Claudia Medina se convirtió en símbolo de la lucha contra la tortura sexual hacia mujeres detenidas, y ha sido respaldado por organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro Prodh.
Su historia, marcada por la injusticia, hoy recibe una reparación parcial a través de este acto público, aunque las demandas por justicia y sanción a los responsables continúan vigentes.
