AGENCIA
Ciudad de México.- Un oficio confidencial firmado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con fecha del 18 de agosto de 2022, reveló que la Sedena exigió la destitución inmediata de Juan Carlos Madero Larios, entonces director adjunto de Operación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por presuntos vínculos con redes de corrupción y contrabando de hidrocarburos.
La carta, marcada con el número de oficio 812, fue dirigida al titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, y detalla que Madero Larios habría recibido recursos de operadores ilegales en las aduanas de Baja California y Sonora, además de encabezar una red que extorsionaba a agentes aduanales manipulando el sistema de revisión fiscal.
A pesar de que, según el documento, la orden de remoción fue emitida desde el 25 de agosto de 2021 por instrucción presidencial -y respaldada en carta conjunta por la Sedena y la Secretaría de Marina-, Madero Larios no solo continuó en funciones, sino que ha mantenido y ampliado su influencia dentro del aparato político y aduanero del país.
De acuerdo con fuentes consultadas por Código Magenta, actualmente Madero Larios sigue vinculado a operaciones con las aduanas y ha fortalecido su presencia política en Tamaulipas, donde está emparentado con Tania Contreras López, aspirante a presidir el Supremo Tribunal de Justicia del estado.
El nexo familiar entre Madero Larios y Contreras López -ella es cuñada del funcionario señalado- ha levantado serias preocupaciones en torno a la independencia del Poder Judicial local. A ello se suma que Contreras es también prima de Juan José Contreras Castillo, exalcalde de Hidalgo, Tamaulipas, implicado en la liberación irregular de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo señalado por la Sedena como brazo armado del Cártel del Golfo.
Pese a la gravedad de estas relaciones, la gestión de Tania Contreras al frente de la Consejería Jurídica del estado no ha promovido acciones legales contra dicho grupo, el cual ha sido vinculado a delitos como tráfico de migrantes, armas y combustibles. De hecho, en la elección de 2022, la Columna Armada fue clave en la victoria de Américo Villarreal y se presume que también operó en favor de Claudia Sheinbaum en 2024.
Contreras López, quien buscará convertirse en magistrada presidenta del Tribunal de Tamaulipas en 2025, cuenta con el respaldo de esta estructura político-paramilitar, que, de acuerdo con investigaciones federales y de agencias de inteligencia de Estados Unidos, ha sido protegida por omisión o complicidad desde las esferas del poder estatal.
En paralelo, Jorge Luis Beas, esposo de Contreras y actual subsecretario de Legalidad, busca escalar en la administración pública estatal como sucesor de Héctor Joel Villegas, secretario general de Gobierno, consolidando así un bloque de poder que abarcaría tanto el Ejecutivo como el Judicial en Tamaulipas.
La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿juega Juan Carlos Madero Larios, señalado por la Sedena como eje del huachicol fiscal, un rol clave en este proyecto de control institucional?
Con una industria ilícita que ha costado más de 500 mil millones de pesos al erario y con grupos armados operando sin freno, Tamaulipas se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones de Washington sobre la supuesta alianza del Estado mexicano con el crimen organizado.
Hasta ahora, el silencio y la pasividad de las autoridades estatales, particularmente de la oficina de Tania Contreras, solo han abonado a esa percepción.
¿Qué acciones tomará el nuevo gobierno federal ante estos vínculos? ¿Habrá justicia, o el silencio seguirá siendo cómplice?
