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Cuautempan, Puebla.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó el pasado 9 de mayo una serie de cateos simultáneos en cuatro propiedades vinculadas al actual alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien permanece prófugo tras los operativos. Las acciones judiciales, coordinadas por la FGE, contaron con el respaldo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Las diligencias forman parte de una carpeta de investigación abierta contra el edil reelecto por la coalición PT-Morena, por su presunta responsabilidad en delitos de secuestro, extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Durante los cateos, realizados en propiedades de su padre —el también exalcalde Gerardo Cortés— y del propio edil, las autoridades aseguraron armas largas, cartuchos útiles, droga, vehículos, dispositivos electrónicos y documentos que podrían exponer redes criminales operando desde el ayuntamiento.
La carpeta de investigación FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025 también indaga el presunto cobro de “derecho de piso” a comerciantes locales, con cuotas que iban de los 200 a 500 pesos. Además, se investiga la participación de Cortés Caballero en la distribución de droga en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán.
Las acusaciones contra el alcalde incluyen también nepotismo. Al menos siete familiares suyos ocupan cargos públicos en su administración, entre ellos su tía Yolanda Cortés y su primo Alain Rodríguez. En marzo de este año, fue señalado por entregar terrenos municipales a familiares y a la síndico Jocabeth Quintero Escobedo, bajo el pretexto de “apoyar a personas en situación vulnerable”. La entrega se realizó sin convocatoria pública ni procesos de transparencia, lo que provocó la indignación de activistas locales, quienes denunciaron un acto de corrupción patrimonial.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que la FGE ha abierto en contra de presidentes municipales presuntamente vinculados al crimen organizado en el estado. Entre ellos destacan los hermanos González Vieyra, caciques políticos de la región de Ciudad Serdán. Uruviel González Vieyra, edil de Chalchicomula de Sesma, y su hermano Giovanni, alcalde de Tlachichuca, fueron detenidos en marzo por su presunta participación en delitos de extorsión, secuestro y protección a grupos criminales.
Un tercer hermano, Ramiro González Vieyra —exalcalde de San Nicolás Buenos Aires— permanece prófugo desde que comenzaron las investigaciones. Las autoridades los señalan como parte de una red familiar con influencia política en al menos tres municipios y vínculos con el crimen organizado en el llamado “triángulo rojo”, una región marcada por el robo de combustible y la violencia.
La FGE ha asegurado propiedades, armas, droga y documentación financiera relacionada con empresas fachada usadas para el presunto desvío de recursos públicos. Estas acciones, según la dependencia, son parte de una ofensiva para desarticular redes políticas que operan como brazos civiles del crimen organizado.
