AGENCIA
Veracruz, Ver.- Barcos “fantasma”, facturas falsas, empresas fachada y complicidad institucional componen la red criminal que opera con total impunidad en el Golfo de México, donde el robo de combustible marino se ha convertido en una de las fugas más alarmantes para las finanzas de Pemex.
Desde los puertos de Veracruz se coordina parte del tráfico de hidrocarburos robados que son cargados ilegalmente en muelles de Pemex, con el visto bueno de empleados de la empresa estatal, quienes -según investigaciones- reciben entre seis y ocho pesos por litro sustraído.
Los llamados “huachicoleros de altamar” apagan sus sistemas de geolocalización durante días, anclan frente a las costas de Veracruz, Campeche y Tamaulipas, y simulan ser barcos pesqueros o de apoyo petrolero. En realidad, forman parte de un engranaje operado por células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y el Cártel del Golfo, como lo confirman reportes filtrados por los Guacamaya Leaks.
En un ejemplo reciente, el 31 de marzo fue incautado en Tampico el buque Challenge Procyon, con 10 millones de litros de diésel ilegal. El barco fingía transportar aditivos para lubricantes. Este tipo de operaciones, conocidas como “huachicol fiscal”, se apoya en documentos falsificados y empresas fantasma.
Los datos muestran que Veracruz es un eje logístico clave: embarcaciones cargadas en Coatzacoalcos como el Imiloa transportaron hasta 745 mil litros de diésel para su venta en alta mar. Todo con el apoyo de navieras como Naviera Integral S.A. de C.V. y empresas como Mefra Fletes S.A. de C.V., con nexos al CJNG y múltiples decomisos en su historial.
A pesar de las investigaciones, estas compañías siguen operando sin restricciones. La Marina, por su parte, tiene apenas 100 elementos para custodiar 115 plataformas petroleras en el Golfo, lo que refleja la limitada capacidad de vigilancia.
En tierra, el combustible robado llega a constructoras y hasta proveedores de Pemex. Empresas como Impulsora de Productos Sustentables (IPS) han sido relacionadas con redes de factureras ligadas al crimen organizado.
Con cada operación en altamar, el Estado pierde millones, mientras la red criminal y empresarial que sostiene el robo de hidrocarburos fortalece un mercado negro flotante ante la mirada omisa -o cómplice- de las autoridades.
