AGENCIA
Lice, Turquía.- El pasado 18 de abril, un operativo antidrogas en la pequeña ciudad de Lice, al este de Turquía, terminó generando una crisis sanitaria luego de que las autoridades locales quemaran 20 toneladas de cannabis en una plaza pública. El humo intoxicó a miles de residentes, generando molestias físicas, visitas al hospital y una ola de indignación social, según reportaron medios como Naver News y Turkey Today.
Nube tóxica afectó a 25 mil personas
La gigantesca quema formó una nube de humo que cubrió la ciudad, afectando a unas 25 mil personas. Pese a cerrar puertas y ventanas, los habitantes no pudieron evitar el ingreso del humo a sus hogares. Se reportaron mareos, náuseas e incluso alucinaciones.
“No pude abrir las ventanas durante días por el olor”, declaró una vecina. “Mis hijos estaban enfermos y tuvimos que ir varias veces al hospital”, añadió visiblemente molesta.
Incineración sin control
La droga, valorada en más de 10 mil millones de liras turcas (unos 360 mil millones de wones), fue incautada entre 2023 y 2024 durante operativos contra el narcotráfico. Para eliminarla, las autoridades vertieron 200 litros de gasolina sobre los paquetes y les prendieron fuego, sin implementar ningún tipo de sistema de filtrado ni prever el impacto en la salud pública.
Aún más polémico fue el hecho de que los paquetes de cannabis llevaban etiquetas con el nombre del pueblo, algo que los vecinos consideraron una burla.
Críticas por negligencia
El presidente de la organización Yesil Yildiz, Yahya Oger, dedicada a combatir la drogadicción en Turquía, calificó la acción como “totalmente poco profesional e inaceptable”.
“El humo de segunda mano es tan dañino como fumar directamente”, advirtió. “Quemar drogas en espacios abiertos y cerca de zonas pobladas puede generar efectos graves”. Oger exigió una revisión urgente de los protocolos para la destrucción de estupefacientes.
Exigen medidas correctivas
Tras el incidente, organizaciones civiles y pobladores de Lice han exigido que cualquier futura incineración de drogas se realice en instalaciones especializadas, con sistemas adecuados para evitar la liberación de toxinas al ambiente y lejos de zonas residenciales.
El caso ha puesto en evidencia fallas graves en la gestión de sustancias incautadas, lo que podría derivar en demandas legales y reformas estructurales para garantizar la seguridad de la población en futuras acciones similares.
