El presidente municipal viajaba por la Carretera Internacional México 15, rumbo a Culiacán, para asistir a una actividad organizada por el DIF Sinaloa, cuyo objetivo era recolectar agua embotellada para comunidades afectadas por la sequía. Sin embargo, a la altura de la sindicatura de Baila, al sur de Culiacán, su trayecto fue interrumpido por sujetos armados que lo despojaron de su camioneta oficial.
Minutos después del reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron la unidad abandonada en el poblado Laguna de Canachi. Se trataba de una Nissan Frontier, vehículo de uso oficial del municipio. Según la Secretaría de Seguridad Pública, al revisar la camioneta se confirmó que no había ocupantes y se procedió a su aseguramiento. Afortunadamente, el alcalde no resultó herido, aunque se desconoce si viajaba acompañado.
Este hecho se suma a una preocupante serie de agresiones contra funcionarios públicos. Es el tercer caso registrado en los últimos meses: anteriormente fueron víctimas el alcalde de San Ignacio y la presidenta municipal de Mazatlán, cuyos vehículos también fueron robados, aunque recuperados posteriormente.
Además, en el mismo periodo se han reportado otros robos de unidades oficiales, incluyendo la camioneta de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado —en la que también viajaba la Comisionada Estatal de Búsqueda— y la de un diputado local, cerca de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán.
La creciente ola de robos ocurre en medio de una lucha interna por el control del Cártel de Sinaloa. Las cifras oficiales reflejan esta tendencia alarmante: de enero a abril de 2025, la Fiscalía General del Estado ha recibido 2 mil 349 denuncias por robo de vehículos, mientras que desde septiembre de 2024 la cifra asciende a 4 mil 531.
La inseguridad en las carreteras sinaloenses no solo afecta a la ciudadanía común, sino que ahora también alcanza a quienes están al frente de los gobiernos municipales.
