Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- Documentos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública revelan que el gobierno de Fortín destinó 5 millones 773 mil 501.88 pesos en conceptos relacionados con comunicación institucional, promoción gubernamental, y difusión mediática en lo que va de la administración de Gerardo Rosales Victoria.
En 2022, el desembolso fue de un millón 657 mil 339.24 pesos. Para 2023, el monto se incrementó a un millón 891 mil 824.20 pesos; mientras que en 2024 se ejercieron un millón 927 mil 063.94 pesos.
En lo que va de 2025, ya se invirtieron 297 mil 274.50 pesos por el mismo concepto, a pesar del arranque del proceso comicial y de las restricciones legales sobre la exaltación personalizada de figuras públicas.
Durante ese lapso, Eduardo Alonso García Viveros, actual abanderado de Morena a la presidencia municipal, fue beneficiado sistemáticamente desde el aparato de comunicación oficial, a pesar de carecer de un cargo formal dentro del órgano de gobierno.
Corruptos
El hoy contendiente sólo se desempeñaba como encargado del Kiosco del parque Lázaro Cárdenas; sin embargo, fue enviado de forma reiterada a ceremonias, cortes de listón, y actos institucionales en representación del edil, sin contar con atribuciones legales ni responsabilidad administrativa, aunque constitucionalmente figura como alcalde suplente, lo que aprovecharon para difundirlo.
La utilización de fondos municipales para impulsar la visibilidad de un personaje sin funciones operativas revela un uso parcial y manipulado del aparato gubernamental.
En vez de canalizar el dinero a obras públicas, mantenimiento urbano o atención social, el presupuesto fue desviado para sostener una estrategia de posicionamiento disfrazada de comunicación oficial.
Gerardo Rosales Victoria convirtió la presidencia en una herramienta político-electoral, coordinando desde su cargo una campaña continua en favor de García Viveros.
A través de convenios con medios locales, comunicados diarios, entrevistas costeadas, y participación constante en actos oficiales, fabricó una imagen pública con recursos del erario.
Los convenios de propaganda carecen de métricas de evaluación y no existen informes que sustenten su pertinencia o resultado.
La correlación entre el ritmo de gasto y el calendario electoral dejó en evidencia una estructura de simulación desde la esfera municipal para construir una candidatura financiada con dinero público.
Lo documentado prueba que el presidente consintió dichas maniobras y las dirigió personalmente, consolidándose como el principal responsable del desvío de recursos con fines proselitistas, y de beneficio personal.
