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Los amigos de Andy López Beltrán y el negocio energético: funcionarios de Cenagas entregaron millones a empresarios cercanos

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Agencias

México.- Entre 2022 y 2024, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), bajo la dirección de Abraham David Alipi Mena, entregó multimillonarios contratos a empresas vinculadas con empresarios cercanos a sus allegados, principalmente a los hermanos Antonio y Vladimir Quiroz Acosta. Estas asignaciones se realizaron mediante un esquema operado por Kléber Quintero, entonces encargado de recursos materiales del organismo y amigo cercano de los hermanos Quiroz.

Abraham Alipi Mena, director de Cenagas hasta enero de 2025, es conocido por su estrecha amistad con Andy López Beltrán, además de ser tío de Alejandro Calderón Alipi, actual secretario de Salud en Tabasco y exdirector del IMSS-Bienestar. Calderón Alipi forma parte de “El Clan”, la red de negocios y tráfico de influencias ligada a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas beneficiadas —Kepler Oil & Gas, Ace Oil & Gas e Impacto Ingeniería & Construcción— operaron bajo el amparo de funcionarios que presumían su relación con los hermanos Quiroz, quienes lograron adjudicarse contratos por un monto total superior a los 2 mil millones de pesos. Impacto Ingeniería & Construcción es propiedad de Vladimir Quiroz.

Kléber Quintero firmó un total de 12 contratos durante su gestión en Cenagas, consolidando un esquema que facilitó la asignación directa de contratos a estas empresas, sin pasar por procesos abiertos de licitación pública ni competencia transparente. Este método de asignación generó cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos dentro del organismo regulador del sector energético.

La salida de Abraham Alipi Mena de la dirección de Cenagas en enero de 2025 coincidió con la renuncia de varios funcionarios relacionados con este esquema de contratos, lo que indica un posible ajuste en la estructura interna del organismo tras la exposición de estas prácticas.

Este caso pone de manifiesto una red de influencia y favoritismo que involucra a funcionarios públicos y empresarios cercanos, en un contexto donde la transparencia y la competencia deberían ser la base para la asignación de contratos en un sector tan estratégico como el energético.

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