De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.– La Notaría Pública Número 18, encabezada por José Alfredo Ríos Mantilla, opera bajo una sombra de irregularidades, omisiones legales y un origen ligado al viejo modelo de pago político con notarías que predominó durante los gobiernos priistas en Veracruz.
Documentos oficiales revelan que dicha notaría ha incumplido en múltiples ocasiones la obligación legal de publicar edictos en procedimientos sucesorios y patrimoniales. Esta omisión no es un simple descuido: se trata de una violación directa a la Ley del Notariado y al Código de Procedimientos Civiles del Estado, que exige que los edictos sean difundidos en la Gaceta Oficial y en periódicos de circulación regional para garantizar transparencia y prevenir fraudes o afectaciones a terceros.
El riesgo es mayúsculo. Quienes han tramitado escrituras, juicios sucesorios o adjudicaciones en esta notaría podrían estar en peligro de perder su patrimonio. Basta con que aparezca un heredero no notificado para que todo el procedimiento quede sin efecto por vicios de forma atribuibles al notario. La falta de edictos publicados representa un ataque directo a la certeza jurídica que debería garantizar la fe pública.
Aún más preocupante es que en un eventual juicio, la contraparte puede aprovechar esa omisión para revertir todo el procedimiento, invalidar escrituras y poner en jaque la propiedad que un usuario creía legalmente asegurada. Así de grave es que el notario no cumpla con lo básico: publicar los edictos en el periódico.
El escándalo no termina ahí. José Alfredo Ríos Mantilla no llegó a la notaría por méritos propios: es hijo de Alfredo Ríos Hernández, ex director del desaparecido periódico El Sol de Córdoba, una figura ligada históricamente a políticos corruptos de antaño de la región. Diversas fuentes señalan que la Notaría 18 le fue otorgada como “pago político” durante una de las tantas entregas discrecionales de notarías que se hicieron en la era de Fidel Herrera. En aquellos años, las notarías no se ganaban por capacidad ni por concurso: se heredaban, se compraban o se repartían como cuotas de lealtad al régimen.
Este caso expone nuevamente cómo el sistema notarial en Veracruz fue pervertido por décadas: convertido en negocio redondo, sin control real, sin vigilancia efectiva, y donde algunos notarios operan como si estuvieran por encima de la ley. Hoy, la Notaría 18 es ejemplo de cómo se puede poner en riesgo el patrimonio de ciudadanos confiados, mientras su titular omite pasos legales elementales.
En este sentido, la Dirección General del Registro Público y del Notariado tiene que intervenir de inmediato; auditar esta notaría, revisar todos sus procedimientos de los últimos años y sancionar si es necesario. Porque la fe pública no se puede dejar en manos de quienes lucran con la ley y con la confianza del pueblo.
