De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los gastos por seguridad en campañas deben ser fiscalizados y considerados dentro del tope permitido por la ley electoral, en Córdoba, el caso de Manuel Alonso Cerezo, el lavador del crimen organizado, líder del cártel inmobiliario y candidato impugnado, representa un caso alarmante de derroche, opacidad y uso excesivo de recursos sin justificación pública.
Según los lineamientos del INE, los candidatos que soliciten protección deben registrar los gastos derivados de alimentos, hospedaje y viáticos de los elementos de seguridad que los acompañan. Así lo reiteró Josué Cervantes Martínez, vocal de la Junta Local del INE en Xalapa, quien advirtió que este tipo de erogaciones son fiscalizables y deben incorporarse al sistema de control del organismo electoral.
Alonso lleva en su campaña a una oficial de la Marina Armada de México al parecer sin autorización del OPLE, lo que viola el principio de equidad y dispara los costos operativos de su candidatura. Además, lo acompaña una cuadrilla de seguridad privada armada y personal de logística que actúa como cuerpo de escoltas, en camionetas blindadas y custodiadas.
El INE ya ha abierto procedimientos sancionadores en contra de Manuel Alonso Cerezo por financiamiento opaco, actos anticipados y uso de recursos públicos.
