AGENCIA
Washington, D.C.- La posible deportación de una niña mexicana de 4 años, identificada como Sofía, ha desatado una intensa “ola” de críticas y llamados a la acción por parte de legisladores, médicos y organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que su vida está en riesgo tras la revocación de un permiso humanitario que le permitía recibir tratamiento médico en Estados Unidos.
El caso de Sofía, quien padece síndrome del intestino corto -ñuna grave condición médica que requiere atención especializada y nutrición intravenosa diaria-, fue dado a conocer tras la notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en abril pasado, que canceló el estatus humanitario que mantenía vigente desde julio de 2023, tanto para la menor como para su madre.
Ante esta decisión, 38 congresistas demócratas enviaron una carta oficial al DHS solicitando que se revierta la orden de deportación, argumentando que se trata de un caso humanitario urgente y que la menor podría morir en cuestión de días si se interrumpe su tratamiento, tal como advirtió su médico tratante, John Arsenault, del Hospital Infantil de Los Ángeles.
“El tratamiento de nutrición parenteral total que Sofía recibe debe administrarse de forma continua y especializada. Una interrupción sería letal”, subrayó el médico en una carta enviada a las autoridades migratorias.
La revocación del permiso no fue consecuencia de una violación a los términos migratorios, según su abogada, Rebecca Brown, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, quien también ha solicitado formalmente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) restablecer la libertad condicional humanitaria concedida en 2023. Brown enfatizó que obtener tratamiento adecuado en México es “prácticamente imposible” para la menor, debido a la alta especialización y cuidados constantes que requiere.
La Embajada de México en Estados Unidos confirmó que los consulados en Los Ángeles y Fresno están dando seguimiento al caso y han mantenido contacto estrecho con los abogados de la familia, así como con legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, que han manifestado su respaldo.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por el caso y afirmó que su gobierno brinda acompañamiento legal y diplomático a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En una declaración pública, aseguró: “Nuestra prioridad es que Sofía tenga garantizado su derecho a la salud. No se trata sólo de un trámite migratorio, es una cuestión de humanidad”.
Sheinbaum instruyó a los consulados a mantener una vigilancia permanente del estado médico y legal de la menor, al tiempo que llamó a fortalecer la protección consular para los mexicanos en el extranjero, especialmente en contextos de creciente hostilidad migratoria por parte del gobierno estadounidense.
Este caso se da en el contexto de nuevas y duras medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, incluyendo deportaciones masivas, restricciones a estudiantes extranjeros y el uso del programa CBP One para presionar a migrantes con permisos humanitarios a abandonar el país, incluso bajo incentivos económicos.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de migrantes han intensificado sus llamados a detener la deportación, al considerar que esta decisión representa no solo una amenaza directa a la vida de Sofía, sino un precedente peligroso para otros casos similares.
“El caso de Sofía es un recordatorio de que no podemos aplicar la ley migratoria sin considerar las circunstancias humanas detrás de cada historia”, sostuvo la abogada Brown, quien también llamó a la administración estadounidense a actuar con compasión y responsabilidad.
La vida de una niña mexicana pende de una decisión administrativa. Por ello, la presión política y diplomática se intensifica mientras familiares, médicos y defensores esperan una resolución que garantice su derecho a vivir.
