El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido intervenir en un caso que podría tener profundas implicaciones para los derechos laborales de inmigrantes detenidos y la responsabilidad legal de contratistas privados del gobierno. En el centro del debate está GEO Group, una de las empresas privadas más grandes que operan centros de detención de inmigrantes en el país.
El caso, presentado en 2014 por varios inmigrantes detenidos en el centro de detención de Aurora, Colorado, alega que la empresa violó leyes federales al pagar solo un dólar por día a los internos por su trabajo en programas “voluntarios” y obligarlos a limpiar las instalaciones sin recibir compensación. Los demandantes también acusan a GEO de haber amenazado con aislamiento a quienes se negaban a realizar tareas forzadas, en lo que califican como un sistema de “esclavitud moderna”.
GEO busca inmunidad legal
La defensa de GEO Group ha solicitado al Supremo que analice una cuestión técnica clave: si la empresa, al actuar como contratista del gobierno federal, debería gozar de inmunidad legal frente a este tipo de demandas civiles. Para sustentar su argumento, GEO se ampara en un precedente legal de 1940 (el caso Yearsley v. W.A. Ross Construction Co.), que eximió de responsabilidad a un contratista que actuaba bajo órdenes directas del Congreso.
Sin embargo, la compañía ha perdido varios intentos previos para desestimar la demanda, y ahora busca acogerse a la llamada “orden colateral”, una doctrina que permite apelar decisiones judiciales de forma anticipada, incluso si aún no se ha emitido una sentencia definitiva.
¿Un precedente peligroso?
El caso es encabezado por Alejandro Menocal y será escuchado por la Corte Suprema a finales de este año. Grupos defensores de derechos humanos y laborales advierten que un fallo a favor de GEO podría abrir la puerta a una mayor impunidad para empresas privadas que colaboran con el gobierno, especialmente en sectores sensibles como el sistema migratorio y penitenciario.
Esta audiencia podría convertirse en un hito judicial que defina los límites legales entre responsabilidad corporativa y contratos federales, en medio de crecientes críticas hacia la privatización de centros de detención en EE.UU.
