El reciente operativo encabezado por Omar García Harfuch en el sur de Veracruz destapó una operación clandestina de alto nivel: una minirrefinería ilegal, operada por una red bien estructurada y aparentemente conectada con intereses mayores. La planta pertenecía a la empresa Energía Ecorenovable, S.A. de C.V., legalmente constituida en 2012 y con operaciones desde el estado de Tabasco.
Estos son los nombres de quienes encabezaban la operación de esta planta:
- Jefe de Operaciones: Olimpo Fuentes Domínguez – Exempleado de Pemex, despedido hace siete años por irregularidades.
- Ingeniero de Campo: Jesús Román Noriega.
- Administrador: Luis Alberto Arrocha Alvarado.
- Gerente General: Valentina Dionicio García.
- Abogada: Martha del Rosario Ávalos Domínguez.
Según testimonios de trabajadores que colaboraban en la planta, la minirrefinería funcionaba en completa clandestinidad, sin ninguna supervisión oficial y en condiciones laborales deplorables: sin seguro social, sin atención médica adecuada, y con numerosos incidentes de quemaduras que eran atendidos en farmacias populares.
Lo más grave: los empleados aseguran que personal de Pemex acudía regularmente a estas instalaciones ilegales para brindar asesoría técnica. Aún más escandaloso es que la empresa estadounidense Baker Hughes habría sido uno de los principales compradores de los productos derivados del crudo que ahí se procesaba.
Además, documentos legales recientes muestran que en abril pasado, Valentina Dionicio otorgó poder legal a la abogada Martha del Rosario Ávalos y a Carlos Manuel Legendre Alemán, evidenciando que la empresa seguía formalmente activa y realizando movimientos estratégicos.
¿Y el crudo?
Una de las grandes incógnitas no resueltas por las autoridades es el origen del crudo utilizado para refinar. ¿Quién proveía la materia prima para una operación de esta magnitud? ¿Cómo se trasladaba sin ser detectada? Estas son preguntas que ni la FGR ni la administración federal han respondido.
¿Por qué clausurarla ahora?
La clausura de esta planta, justo cuando parecía estar consolidando operaciones en Coatzacoalcos y Mérida, despierta otra interrogante: ¿qué actor económico o político se habría visto perjudicado si Energía Ecorenovable se consolidaba como una competidora en el sector energético? ¿Acaso la intervención vino hasta ahora porque afectaba intereses mayores?
Este caso pone sobre la mesa no solo el funcionamiento de una refinería ilegal, sino un sistema que tolera, encubre o hasta participa en actividades fuera del marco legal, mientras se mantiene en la opacidad ante la opinión pública.
