Córdoba.- Por segunda ocasión, las antenas repetidoras de transmisión de Radio Banana, ubicadas en el cerro de San Juan, fueron saboteadas intencionalmente. Este nuevo atentado, que se suma a una serie de amenazas realizadas este fin de semana en contra de directivos y colaboradores de la empresa, constituye un ataque frontal a la libertad de prensa y un intento sistemático por silenciar a una estación que ha documentado con firmeza el lavado de dinero y abuso de poder de dos miembros del crimen organizado.
Los ataques coinciden con la línea editorial crítica e independiente que ha expuesto pruebas documentadas contra Luis Abella y su cómplice Manuel Alonso Cerezo, principales lavadores de dinero del crimen organizado aquí en la región.
Desde este medio exigimos la intervención directa de la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue este atentado a las vías generales de comunicación, tipificado como delito federal en agravio de Radio Banana, principalmente porque a pesar de la denuncia formal presentada en la FGR desde el 24 de mayo de 2025, podemos señalar incluso el incumplimiento de un deber legal, ya que a semanas de haberse presentado la denuncia por parte de los representantes legales de Radio Banana, no se ha llevado a cabo ninguna diligencia pericial ni avance procesal visible por parte de la Fiscalía.
La inacción de la FGR no sólo revictimiza a los denunciantes, sino que refuerza el mensaje de impunidad para quienes atacan a los medios de comunicación críticos.
Asimismo, responsabilizamos directamente a Luis Abella y Manuel Alonso Cerezo como presuntos autores intelectuales de estos hechos, que ocurren desde que Morena aceptó como candidato a un miembro del crimen organizado como lo es Manuel Alonso.
Radio Banana no se detiene. Cada atentado confirma que estamos cumpliendo con nuestra función de informar. Lo que se pretende apagar con violencia se multiplicará en periodismo.
Con estos actos no sólo sabotean antenas, sabotean la democracia y el derecho del pueblo a estar informado. Y frente a eso, no guardaremos silencio.
Omar Sosa García
Representante legal
