AGENCIA
Austin, Texas.- A partir del semestre de otoño de 2025, los estudiantes indocumentados que cursan estudios en universidades públicas de Texas deberán pagar matrícula completa como no residentes, según una nueva orden emitida por el gobierno estatal, luego de un fallo judicial que invalidó beneficios otorgados por el llamado Texas Dream Act.
El comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, solicitó a todas las instituciones públicas “reclasificar” a los estudiantes sin estatus migratorio legal y eliminar el acceso a tarifas reducidas, según informó The Texas Tribune. En su carta, Rosser precisó que “se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”.
Fin de una política con más de dos décadas
La decisión responde a un fallo de un juez federal que declaró inconstitucional permitir que estudiantes sin ciudadanía estadounidense pagaran matrícula estatal reducida -‘in-state tuition’-, argumentando que esto discriminaba a ciudadanos estadounidenses de otros estados en favor de extranjeros sin estatus legal.
El programa afectado fue implementado en 2001 bajo la conocida Texas Dream Act, que permitía que jóvenes sin estatus migratorio, pero graduados de secundaria en Texas, accedieran a la educación superior con las mismas tarifas que los residentes legales.
En contraste, los estudiantes de otros estados deben pagar matrícula “foránea” (‘out-of-state tuition’), que suele ser dos o tres veces más costosa.
Un golpe para miles de jóvenes
Se estima que unos 73 mil estudiantes indocumentados en Texas podrían verse afectados por esta nueva medida, casi una quinta parte de los 408 mil en esta condición a nivel nacional, de acuerdo con datos del Higher Ed Immigration Portal.
La decisión podría representar un obstáculo financiero insalvable para miles de jóvenes que, pese a haber crecido y estudiado en Texas, verán limitada su posibilidad de continuar en la universidad debido al alto costo de la matrícula sin subsidio estatal.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han calificado la medida como regresiva y discriminatoria, y anticipan que se presentarán nuevos recursos legales para proteger a los estudiantes afectados. Mientras tanto, las universidades se preparan para ajustar sus políticas de admisión y cobro conforme a las instrucciones estatales.
