DIF municipal abandona a madre e hijas: viven bajo amenazas
Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA, VER. — A pesar de las múltiples denuncias por violencia familiar, retención ilegal de menores, amenazas e intimidación, ninguna autoridad ha protegido a Isabel N, madre de cuatro hijas menores, una de las cuales permanece retenida por su agresor. La impunidad se sostiene gracias a una red de complicidades institucionales, encabezada por la Fiscalía Regional zona centro y el DIF municipal de Córdoba, quienes han sido omisos, negligentes e incluso permisivos.
Desde octubre de 2023, Isabel inició un largo y doloroso peregrinar legal para recuperar la custodia de sus hijas y obtener medidas de protección ante las constantes agresiones físicas, psicológicas y económicas ejercidas por su aún esposo, Francisco Cándido García Córdoba, trabajador activo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con respaldo sindical y protección política.
Una justicia que no llega… y una audiencia que nunca ocurre
La carpeta 1310/2023, radicada inicialmente en la Fiscalía Cuarta a cargo de Vianney Guadalupe, fue judicializada hasta junio de 2024 bajo el número 481/2024, en la sala 1 del juzgado de La Toma, con la jueza Jennifer García Reyes. Sin embargo, tras más de un año, la audiencia inicial sigue sin realizarse.
El proceso ha sido saboteado sistemáticamente por la defensa del agresor, encabezada por los abogados Noé Flores Cortés (excolaborador del jurídico de la síndica única del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López) y Miguel Ángel Martínez Blanco, quienes incluso han involucrado a familiares como testigos para dilatar los procedimientos, al incluir a la pareja sentimental de Flores Cortés; Noemí Alvarez Gómez como testigo.
Mientras tanto, Isabel N. sigue sin poder recuperar a su hija mayor, que permanece bajo el cuidado del agresor, esto a pesar de que tras haber sido sustraída por su padre fue encontrada por autoridades deambulando en la calle.
Complicidad institucional: DIF municipal cierra los ojos
La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la responsabilidad de Lucía Serrano Piña quien además es la presidenta del Colegio de Abogados, ha sido señalada de negligencia y encubrimiento. A pesar de existir el oficio 2065/2024 que da cuenta de los hechos y de los riesgos para las menores, el DIF se ha negado a intervenir. No solo han omitido pruebas —como un examen toxicológico urgente solicitado por la madre—, sino que han obstaculizado cualquier intento de recuperación de la custodia argumentando tecnicismos absurdos, como exigir autorización de una menor de edad para realizarle exámenes médicos.
Amenazas, acoso y nula respuesta de la Fiscalía
Isabel ha documentado amenazas directas, espionaje, acoso constante y agresiones físicas, todas denunciadas ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar. Existen videos entregados a la autoridad, donde se observa a sujetos encapuchados vigilando su domicilio. Pese a esto, la Fiscalía no ha emitido ninguna medida de protección, ignorando el riesgo real para la integridad de ella y sus tres hijas menores, de 7, 9 y 16 años.
Incluso ha sido víctima de violencia económica: se le retiró el servicio de luz subsidiado de CFE, a pesar de vivir en condiciones precarias. Su recibo, en una vivienda humilde, asciende a más de tres mil pesos bimestrales, sin tener climas ni aparatos de alto consumo.
La red de poder que protege al agresor
El agresor goza de respaldo sindical dentro de la Paraestatal y mantiene vínculos políticos con el ayuntamiento de Córdoba, lo que ha favorecido su impunidad. La madre de las niñas asegura que su caso ha sido revictimizado, minimizado y hasta ridiculizado por el abogado de su agresor, quien le dijo que “mejor se fuera a trabajar, porque de su cliente no recibiría ni un peso, y eso lo garantiza él con sus contactos”.
A casi dos años de lucha legal, Isabel y sus hijas siguen esperando justicia. Han tocado puertas, acudido a medios, e incluso difundido su caso con la esperanza de que la gobernadora Rocío Nahle García conozca su situación y actúe ante esta red de protección que corrompe al sistema judicial en la región.
Justicia que no protege, instituciones que fallan
El caso de Isabel no es un caso aislado, sino un ejemplo grave de cómo la corrupción institucional vulnera a mujeres y niñas, dejando en manos de los agresores la posibilidad de seguir violentando sin consecuencias.
Dato:
Mientras las autoridades se escudan en trámites, la vida de una madre y sus hijas sigue en riesgo.
Para saber
Las menores fueron sustraídas en una primera ocasión por su padre y llevadas al domicilio particular de un compañero de trabajo del mismo de nombre Sergio Solis Nieves quien también es trabajador del Ayuntamiento de Córdoba en el área de parques y jardines.
