Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Al menos 193 niñas y adolescentes embarazadas fueron atendidas en unidades médicas del IMSS en la región de Córdoba entre 2024 y lo que va del 2025.
Detrás de estas cifras, 172 casos el año pasado y 21 en los primeros meses de 2025, se esconde un patrón de omisión institucional que perpetúa la impunidad, especialmente en casos que configuran delitos de violación.
Pese a la atención médica documentada, que incluye estudios para VIH, hepatitis, sífilis, control prenatal e incluso intervenciones de urgencia, existe un vacío alarmante: ninguna de estas instancias de salud reporta sistemáticamente los casos a la Fiscalía o al Sistema DIF, como obliga la ley cuando las víctimas son menores de 15 años.
Los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lejos de implementar estrategias integrales para prevenir y atender las causas profundas de esta crisis, se limitan a acciones paliativas y descoordinadas.
Incluso programas como los apoyos alimentarios son apenas un parche que ignora los contextos de violencia sexual, abuso intrafamiliar o coerción que suelen originar estos embarazos.
Esta opacidad no es inocente: la mayoría de los embarazos en niñas menores de 15 años son producto de violación, según el marco legal mexicano. Sin embargo, la ausencia de denuncias es la norma.
Sólo un municipio en toda la jurisdicción (Nogales) reportó una carpeta de investigación relacionada con estos casos en el periodo analizado.
El silencio de las instituciones de salud al no notificar a las autoridades competentes, sumado a la inacción de los SIPINNA para activar protocolos de protección y justicia, convierte al Estado en cómplice de la impunidad.
Las niñas reciben ultrasonidos y suplementos alimenticios, pero los agresores quedan libres, protegidos por un sistema que prefiere archivar su dolor en expedientes clínicos en lugar de perseguir el delito.
“Atendemos la emergencia médica, pero la justicia no llega. Cuando las instituciones no hablan entre sí, la violencia sexual contra niñas queda en la sombra”, denuncia de forma anónima una trabajadora social del sector salud.
