Oposición acusa creación de un “Estado espía”; oficialismo defiende combate al crimen
Agencias
Ciudad de México.– En medio de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas, el Senado de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para acceder a diversos registros públicos y privados como parte de su estrategia contra el crimen.
Con 67 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 29 en contra del PAN y PRI, y tres abstenciones de Movimiento Ciudadano, el dictamen fue avalado en lo general y será enviado al Ejecutivo federal para su promulgación. Durante el debate, legisladores del PAN desplegaron mantas con la frase “Gobierno espía”, mientras que senadores de Morena respondieron con carteles que decían: “Ustedes arman al crimen, nosotros lo estamos desarticulando”.
La nueva legislación permitirá a la SSPC solicitar información a instituciones públicas y privadas sobre datos vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, entre otros. Además, se prevé el uso de inteligencia forense, rastreo de redes de comunicación, y geolocalización para combatir delitos como secuestro, extorsión, robo en carreteras, desaparición de personas y tráfico de hidrocarburos.
Desde la tribuna, el senador del PRI Miguel Ángel Riquelme criticó la ley al considerar que promueve un modelo centralista y autoritario, y abre la puerta a la vigilancia masiva sin control judicial, al tiempo que vulnera la autonomía de estados y municipios. Por su parte, el panista Ricardo Anaya alertó sobre el uso de estas facultades para espiar a ciudadanos, argumentando que “Morena ha aprobado reformas que permiten recopilar bases de datos sin supervisión judicial”.
En respuesta, la morenista Lucía Trasviña defendió la ley al afirmar que se trata de inteligencia para la justicia, y no de “vigilancia arbitraria”, mientras que Alejandra Barrales exigió mayores controles democráticos para proteger la privacidad ciudadana.
Aunque se acusó que la SSPC podría operar sin mandamientos judiciales, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín aclaró que el artículo 16 constitucional establece que sí se requerirán autorizaciones judiciales para intervenciones como la geolocalización y monitoreo de comunicaciones.
La ley también contempla la creación de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, integrada por analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos que colaborarán con el Ministerio Público para integrar las investigaciones y fortalecer la procuración de justicia.
