Agencias
México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un total de 661 millones de pesos en el ejercicio del gasto público correspondiente a la Cuenta Pública 2024, reveló su titular, David Colmenares Páramo, al entregar el primer informe parcial ante la Cámara de Diputados.
Del monto observado, 413 millones corresponden a entes de gobiernos estatales y municipales, mientras que 248 millones se atribuyen a dependencias de la administración federal. De acuerdo con el auditor, una vez más, la mayor proporción de las irregularidades detectadas proviene de los estados de la República.
“Desafortunadamente, el mayor porcentaje del monto por aclarar corresponde a los estados con el 60%, seguido por la administración pública federal con 30% y finalmente un 10% vinculado a empresas productivas del Estado y algunas secretarías”, señaló Colmenares.
Este primer paquete incluye 152 auditorías, lo que representa solo el 7% del total previsto para la Cuenta Pública 2024, último año del sexenio anterior. En total, la ASF prevé realizar 2 mil 199 auditorías en tres entregas.
Legisladores critican falta de fiscalización federal
Durante la entrega del informe en el Salón Verde de San Lázaro, legisladores de oposición lanzaron severas críticas por la escasa fiscalización a proyectos emblemáticos del sexenio pasado, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
El diputado Miguel Ángel Guevara (PAN) acusó un sesgo en la revisión de los recursos, exigiendo que la ASF “priorice las auditorías donde realmente está el dinero y se toman las decisiones que afectan al país entero”, en lugar de centrar la lupa casi exclusivamente en los municipios.
Por su parte, Claudia Salas (Movimiento Ciudadano) denunció que en el caso de Dos Bocas, cuyo costo se triplicó frente al presupuesto original, solo se auditó el 0.014% de los recursos ejercidos, lo cual calificó como “alarmante y evasivo”.
Más cobertura, pero sin consecuencias claras
Aunque Colmenares destacó que en esta ocasión se auditarán los 32 estados del país y que se alcanzará una cobertura inédita del 40% de los municipios, las y los diputados insistieron en la necesidad de que estas revisiones deriven en sanciones reales y castigo a los responsables.
Desde el PRI, el legislador Emilio Suárez Licona llamó a que las auditorías no se queden en simples observaciones técnicas:
“El control del poder no puede estar supeditado a simpatías ni afinidades políticas”, advirtió, al exigir justicia administrativa y penal para los responsables.
Celebró, sin embargo, que se hayan iniciado más de 4,900 expedientes por posibles faltas graves, involucrando 180 mil millones de pesos, y que se hayan promovido más de 11 mil procedimientos por irregularidades menores.
Conclusión
La ASF vuelve a encender las alarmas por el mal uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Pero más allá de la cantidad de auditorías, el reto sigue siendo transformar los informes en castigos ejemplares y recuperar lo robado al erario, algo que hasta ahora sigue pendiente.
