AGENCIA
Ciudad de México.- En el momento más álgido de la ofensiva contra el contrabando de combustibles liderada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha emergido una nueva modalidad de “huachicol fiscal” con implicaciones nacionales e internacionales. El buque ASP Lily, con bandera de Panamá y propiedad de Asian Pacific Company Limited, atracó el pasado 25 de junio en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en condiciones que han encendido las alertas en los círculos de inteligencia.
Aunque registrado como navío petrolero y habitual en rutas energéticas entre Houston, Barranquilla y el Golfo de México, el ASP Lily declaró estar transportando 8 mil toneladas de melaza. Sin embargo, no existe evidencia pública que confirme esta carga, y el buque no cuenta con certificaciones sanitarias necesarias para transportar productos alimenticios, lo que sugiere una simulación de importación y un posible encubrimiento de hidrocarburos, siguiendo patrones similares al modus operandi usado en sexenios anteriores.
Este nuevo caso se suma a la serie de operativos realizados por García Harfuch en junio: 32 detenidos y el decomiso de 2 millones de litros de combustible robado en Saltillo, Coahuila, en un cateo vinculado a CargoGas, empresa del empresario coahuilense Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano, acusado en EU por narcotráfico y lavado de dinero.
La situación también revive casos recientes como el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo, en el mismo puerto de Tampico, donde se decomisaron 10 millones de litros de huachicol. Ese operativo derivó en la remoción del director de la Administración Portuaria, el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, y de Francisco Javier Antonio Martínez, ambos ahora bajo investigación.
El contexto revela una guerra soterrada por el control del huachicol fiscal, estimado en 21 mil millones de dólares anuales según The Financial Times. Esta industria ilícita ha sido clave en el financiamiento de campañas políticas y en el sostenimiento económico de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, cuyas operaciones están entrelazadas con estructuras empresariales, funcionarios públicos y operadores financieros.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido el control sobre aduanas y respaldado la estrategia de García Harfuch, quien es considerado no solo el funcionario civil más poderoso del gabinete, sino también el principal enlace con agencias estadounidenses como la OFAC y FinCEN.
En este tablero de intereses y lealtades cruzadas, el ASP Lily, aún anclado en Tamaulipas, podría ser la primera gran prueba para la nueva administración. Su siguiente destino: una terminal petrolera en Texas. Su carga: aún incierta. Pero el mensaje es claro: el combate contra el huachicol fiscal no será sencillo y los enemigos ya se están moviendo.
