Agencias
México.- Ante el hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó a las autoridades mexicanas realizar una investigación exhaustiva conforme a los estándares internacionales establecidos en el informe de la Relatoría Especial A/HRC/56/56 sobre ejecuciones extrajudiciales.
El organismo destacó que al menos seis empresas funerarias están vinculadas al caso y urgió a que el proceso se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos de las personas fallecidas, garantizando investigaciones efectivas, imparciales y transparentes, así como la aplicación del Protocolo de Minnesota, que establece normas para el manejo forense y el respeto hacia los restos humanos y sus familiares.
El informe señala la importancia de proteger los restos humanos mediante la asignación de códigos únicos, registro fotográfico, uso de bolsas mortuorias, almacenamiento seguro y trazabilidad para evitar pérdidas o deterioros, y facilitar la identificación futura.
Además, enfatiza el derecho de las familias a conocer la verdad, recibir los cuerpos y darles sepultura conforme a sus tradiciones religiosas y culturales, advirtiendo que el trato irrespetuoso hacia los cadáveres puede ser considerado como trato cruel, inhumano o degradante hacia los familiares.
Con base en la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el informe recuerda que los Estados están obligados a buscar, identificar y devolver los restos, así como a mantener registros adecuados. En situaciones de conflicto armado, el Derecho Internacional Humanitario exige la rápida recuperación, identificación y respeto en el entierro de los cuerpos, devolviéndolos a sus familias.
La ONU-DH también subraya que la dignidad de los fallecidos debe respetarse incluso en crisis sanitarias o desastres naturales, prohibiendo entierros masivos sin registro, incineraciones arbitrarias o errores en la entrega de cuerpos. Asimismo, condena prácticas como mutilar, profanar o despojar cadáveres, que podrían constituir crímenes, y advierte contra la difusión de imágenes degradantes en redes sociales, lo cual puede considerarse un trato inhumano o una forma de intimidación.
