Agencias
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con la excusa de que “solo se les juntó el trabajo”, dos hombres —el dueño y un empleado de un crematorio— intentaron justificar la acumulación de 383 cuerpos sin cremar en un establecimiento de Ciudad Juárez, lo cual provocó una intensa indignación social.
El hallazgo, ocurrido el pasado 27 de junio en las calles Colima y Tapachula, se dio tras denuncias vecinales por fuertes olores fétidos. Aunque inicialmente se creyó que se trataba de un crematorio clandestino, las autoridades confirmaron que el lugar contaba con permisos, aunque llevaba al menos dos años sin operar el horno crematorio.
Vinculados a proceso, pero aseguran que no hubo delito
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de los imputados argumentó que no existió delito, y que simplemente hubo un “retraso operativo”. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado los acusa por los delitos de inhumación y exhumación ilícita y por falta de respeto hacia restos humanos, ya que continuaban recibiendo cuerpos, cobrando por el servicio y entregando urnas sin haber realizado cremaciones.
“Tenemos los permisos, solo no alcanzábamos con el trabajo”, dijeron ante el juez, quien más tarde ordenó su vinculación a proceso. Permanecerán en el Cereso Estatal Número 3, mientras se desahoga la investigación, con un plazo fijado para el 4 de enero de 2026.
Posibles más funerarias involucradas y restos falsificados
El fiscal estatal advirtió que podrían estar implicadas más de tres funerarias que enviaban cuerpos al crematorio sin supervisar los procedimientos. Los restos presentan una antigüedad que va de 2020 a la fecha, por lo que se iniciará un lento y complejo proceso de identificación.
Las autoridades también confirmaron que la mayoría de las familias recibieron urnas falsas. Algunas personas relataron que las cenizas entregadas eran solo arena con piedras o materiales similares a grava para gatos.
“Mi hermana está desesperada porque en esa cajita que tiene en su altar no hay restos humanos reales”, narró Laura Lucero, familiar de una presunta víctima.
Reacción social e impacto legal
El caso ha provocado una profunda indignación en la comunidad fronteriza, al evidenciar el abandono institucional en la supervisión de servicios funerarios. La Coespris clausuró el crematorio por mal manejo de cadáveres y el gobierno estatal prometió sanciones ejemplares.
De ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de entre 6 y 17 años de prisión, conforme a la Ley General de Salud. Las investigaciones continúan, mientras familiares claman por verdad y justicia para los fallecidos.
