De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La adjudicación de un contrato por 1.67 millones de pesos para la rehabilitación de pintura y fachada del Palacio Municipal de Córdoba a Blarma Construcciones revela un inquietante patrón de opacidad y presuntas redes de influencia.
Esta empresa, sin experiencia reconocida en el giro de pintura arquitectónica, obtuvo mediante licitación por invitación a solo tres participantes, un trabajo que coincide con su abrupta transformación en “especialista” de obra pública municipal.
La sombra se extiende hacia Marco Antonio Aguilar Yunes, identificado como socio principal en el acta constitutiva de Blarma, cuya figura política resurge en contrataciones cuestionables tras su paso como diputado federal, secretario del Trabajo y procurador de justicia regional.
La trama se profundiza con el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre un presunto daño patrimonial de 9 millones de pesos durante 2022 en el mismo municipio. En ese caso documentado, Blarma ganó un contrato de 6.9 millones para luminarias LED mediante una licitación pública simplificada amañada. La ASF descubrió que las empresas invitadas -Blarma Construcciones y Le Mirad- compartían como socia a Blanca Eloísa Aguilar Huerta, simulando competencia mientras violaban la Ley de Adquisiciones.
Este modus operandi se replica en el contrato actual de fachada, donde Blarma recibe un anticipo del 50% sin antecedentes técnicos que justifiquen su selección. La opacidad se agrava al verificarse que la empresa opera bajo el mismo esquema en Fortín de las Flores, municipio gobernado por Gerardo Rosales Victoria, aliado político del clan Yunes.
La recurrencia de estos patrones en administraciones afines evidencia una estructura que desvía recursos del FORTAMUNDF mediante adjudicaciones amañadas, utilizando empresas de reciente creación como vehículos para contratos fuera de su giro comercial real.
