Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Amatlán.- El Centro de Reinserción Social (Cereso), registra una crisis humanitaria sin precedentes.
Según datos oficiales del informe del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en el penal hubo cinco alumbramientos en menos de dos años, tres durante 2024, y dos en los primeros seis meses de 2025.
Todos los casos involucran a mujeres privadas de la libertad, cuyos hijos nacen en condiciones de vulnerabilidad extrema, violando protocolos internacionales sobre derechos infantiles y maternidad en reclusión.
La gravedad se profundiza al contrastar estas cifras con el panorama estatal.
Reportes federales de diciembre de 2024 revelan que Veracruz tiene una sobrepoblación carcelaria del 21.83%, superando la media nacional.
Dichos niveles de hacinamiento generan entornos propicios para la violencia, la insalubridad y la desprotección de grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas.
Los partos en el Cereso de Amatlán exponen fallas sistémicas.
Los hijos sólo pueden permanecer con sus madres hasta cumplir tres años, según la Ley de Ejecución Penal.
En 2024, cuatro menores fueron separados de sus progenitoras al alcanzar esa edad, y uno más en 2025, dejándolos al cuidado de familiares en condiciones inciertas.
Sipinna admitió carecer de recursos para acciones concretas, limitándose a talleres de prevención sin impacto en el problema.
La situación refleja un círculo vicioso, madres encarceladas sin programas de salud reproductiva, niños condenados a iniciar su vida tras rejas, y un sistema que incumple su función rehabilitadora.
