Agencias
Ciudad de México – Neria Pamela López Solís, madre de tres hijos y activista valiente que denunció públicamente el presunto abuso sexual contra uno de sus hijos por parte de su expareja, fue asesinada a balazos en Iztapalapa apenas horas después de acudir a una audiencia judicial relacionada con la custodia del menor.
La indignación se ha extendido por todo México, destacando la vulnerabilidad y el riesgo extremo que enfrentan las mujeres que buscan proteger a sus hijos dentro de un sistema judicial que, en este caso, falló gravemente.
Denuncia y fallo judicial controvertido
Neria denunció a su expareja, Álvaro “N”, por abuso sexual hacia su hijo de 13 años, quien no es hijo biológico del acusado. Sin embargo, la custodia del menor le fue retirada y otorgada a Álvaro “N” por decisión del juez Jorge Rodríguez Murillo, un fallo que colectivos feministas y periodistas han denunciado como un ejemplo claro de omisión y negligencia por parte del Estado.
La colectiva feminista Nacional 50+1 ha exigido la suspensión inmediata e investigación del juez, así como que el caso sea tratado con perspectiva de género.
El día del feminicidio
El jueves 17 de julio, alrededor de las 22:15 horas, Neria regresaba a su casa en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, cuando un hombre se le acercó y le disparó a corta distancia, huyendo luego en una motocicleta negra. La mujer recibió al menos siete impactos de bala y murió en el lugar.
La policía encontró cinco casquillos en la escena, que fue acordonada de inmediato. La Fiscalía capitalina investiga el caso bajo protocolo de feminicidio, mientras revisa videos de cámaras de seguridad para identificar a los agresores.
Exigen justicia y protección para la familia
La colectiva 50+1 pide:
- Una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género.
- La suspensión e investigación del juez Rodríguez Murillo y revisión de su fallo.
- Protección y atención integral para los hijos y familiares de Neria.
- Fin a la criminalización de madres que buscan justicia por sus hijos.
Figuras públicas como la diputada Tania Larios (PRI CDMX) han condenado el feminicidio y exigido justicia inmediata. La activista Desiree Navarro recordó que se había advertido sobre la peligrosidad del agresor, pero no se tomaron medidas para proteger a Neria.
Un llamado urgente a cambiar el sistema
Este caso ha visibilizado una vez más las fallas del sistema judicial mexicano, que muchas veces revictimiza a las mujeres y deja en indefensión a quienes buscan proteger a la niñez.
Neria Pamela se convierte en una estadística más de mujeres silenciadas, y su muerte evidencia la urgencia de reformas profundas para garantizar seguridad y justicia a las madres protectoras y a sus hijos.
La sociedad exige que casos así no se repitan y que el Estado asuma su responsabilidad para proteger a quienes denuncian violencia.
