Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- La adjudicación de $7.8 millones para rehabilitar banquetas en cuatro cuadras del centro de Córdoba a Inmobiliaria y Constructora BLARCO expone un entramado de conexiones políticas que cuestiona la transparencia de la administración de Juan Martínez Flores.
El contrato VERCOROP24056LPE, financiado con recursos del fideicomiso de parquímetros municipales, fue otorgado a una empresa cuyo representante legal, Yuyi Susana Lara Barradas, mantiene vínculos documentados con Marco Antonio Aguilar Yunes, figura central en una red de empresas beneficiadas con obra pública en la región.
La trayectoria de Lara Barradas es turbia: durante la gestión de Aguilar Yunes como secretario del Trabajo en Veracruz, estuvo adscrita a la oficina del titular de esa dependencia. Paralelamente, ocupó la Secretaría General de Acuerdos del PRI estatal, cuando Aguilar Yunes presidía la Comisión de Justicia Partidaria. Esta coincidencia temporal sugiere una relación profesional sostenida que trasciende los cambios de administración.
La sospecha de conflicto de interés se agrava al descubrir que uno de los números de contacto de BLARMA Construcciones —empresa hermana de BLARCO en un esquema documentado en Fortín— coincide con un teléfono particular registrado a nombre de Marco Antonio Aguilar Yunes: 228 124 8899.
El contrato adjudicado implica un gasto desproporcionado: $7.8 millones para intervenir un segmento mínimo de banquetas en la calle 3 entre avenidas 7 y 11, las cuales ya presentan grietas y deterioro, aunque fueron entregadas apenas hace algunas semanas.
El historial de estas empresas es turbio. BLARCO, BLARMA, LeMirad y MARBLA operan como un consorcio cambiante de razones sociales que aparecen y desaparecen según las necesidades de contratación. En 2022, la Auditoría Superior de la Federación señaló un presunto daño patrimonial de $9 millones en Córdoba por una licitación amañada de luminarias en la que BLARMA y LeMirad simularon competencia, a pesar de compartir a Blanca Eloísa Aguilar Huerta como socia. La actual administración de Martínez Flores no sólo ignoró esas alertas, sino que replicó el esquema con el mismo grupo empresarial.
Este modelo se repite en Fortín de las Flores. Documentos del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz revelan que, en 2022, bajo la administración de Gerardo Rosales Victoria, se canalizaron al menos $4 millones a un grupo de empresas interconectadas: Blarma Construcciones, Inmobiliaria BLARCO y LeMirad.
Los contratos, otorgados mediante adjudicación directa o procesos simplificados, incluyeron obras menores como rehabilitación de jardines, instalación de bancas y reparación de bardas. La concentración es alarmante: estas tres empresas, junto con MARBLA Comercio y Estrategia, obtuvieron el 8.7 % del total de contratos analizados por el ORFIS ese año, todos vinculados al círculo Aguilar Yunes.
A pesar de las observaciones de la ASF en Córdoba y del ORFIS en Fortín, ninguna de las empresas ha sido inhabilitada ni se ha iniciado acción de resarcimiento. Por el contrario, el grupo ha diversificado sus actividades: de luminarias en 2022 pasó a fachadas históricas en 2024, siempre con la misma fórmula de anticipos millonarios y supervisiones simuladas.
