Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras los taxistas del estado enfrentan estrictas regulaciones y deben acatar tarifas oficiales actualizadas por la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Transporte Público del Estado, el ayuntamiento de Orizaba opera sus servicios de transporte público de pasajeros, los llamados “Gallo” y “Búho”, sin concesión legal ni supervisión efectiva, lo que provoca críticas por parte del sector que cumple con la normatividad.
Jairo Guarneros, dirigente del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, denunció que las autoridades de Transporte mantienen un trato preferencial hacia el municipio, tolerando la circulación de vehículos públicos sin autorización legal, en abierta violación al marco jurídico.
“Entonces ¿por qué le dieron permiso al ayuntamiento de Orizaba para tener su línea de transporte? Aquí es muy clara la intervención de las autoridades de Transporte para que sigan circulando”, dijo.
De acuerdo con la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, para prestar el servicio público de pasajeros se requiere de una concesión otorgada por la oficina encargada. Sin embargo, en Orizaba los servicios municipales operan fuera de esa norma, sin que la Dirección General de Transporte Público del Estado los sancione o detenga.
A esto se suma la inconformidad de los ruleteros por el ajuste de tarifas. En fechas recientes se establecieron oficialmente nuevas tarifas de taxi: 33 pesos en el primer cuadro de la ciudad y 38 pesos en el segundo, lo que consideran injusto ante la inflación que se vive, pero la aplicación de estas medidas no ha sido acompañada de mesas de trabajo ni consenso con el gremio.
“Solicitamos que la Dirección de Transporte Público y la Secretaría de Gobernación convocaran a una mesa de trabajo para hablar de tarifas. Nosotros íbamos a promoverla, pero ahí nos han quedado a deber. No es un capricho es una exigencia de legalidad”, expresó.
Aunque el Código Penal no regula directamente el servicio de transporte, sí contempla sanciones por la prestación ilegal del servicio, omisión de permisos y el riesgo de usuarios, lo que hace más evidente el reclamo -según los transportistas- la complicidad al dejarlos operar sin las concesiones necesarias.
