De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Medio año después de haber acusado públicamente al empresario cordobés José Abella por un presunto intento de extorsión —basado en un supuesto video en su poder—, el presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, no ha aportado ninguna evidencia que sustente sus acusaciones.
En su momento, Abella retó al alcalde a exhibir el material, pero este respondió que lo haría “cuando él quisiera”, lo que evidenció su desconocimiento de la ley, pues tanto la Constitución como el Código Penal exigen presentar pruebas ante la Fiscalía, no cuando convenga al acusador.
La situación se agravó aún más al considerar que Mauricio Rafael Sosa García, coordinador de la Policía Municipal, fue recientemente señalado por comerciantes ambulantes de la calle Norte 2 por intentos de extorsión.
Los afectados se manifestaron el viernes pasado para denunciar públicamente lo que describieron como una red de abusos desde el poder municipal. Quien en su momento hizo acusaciones sin presentar pruebas, ahora dirige una administración donde funcionarios han sido señalados precisamente por extorsión.
En México, realizar acusaciones sin fundamento contra alguien por la comisión de un delito -como hizo Diez Francos- constituye el delito de calumnia, y cuando es realizado por una autoridad, podría además configurar abuso de funciones.
Estos ilícitos se encuentran tipificados en el Código Penal para el Estado de Veracruz. En particular, el artículo 193 establece para el delito de calumnia una pena que puede alcanzar los dos años de prisión, además de una sanción económica. El abuso de autoridad, tipificado en los artículos 317 y 318 del ordenamiento penal, establece sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer funciones públicas hasta la privación de la libertad, cuando se demuestre que el servidor público utilizó su cargo con el propósito de intimidar o causar perjuicio.
Además, al realizar la acusación a través de medios de comunicación, podría configurarse el delito de daño moral. De comprobarse que utilizó recursos públicos para su difusión, esta conducta podría constituir un ilícito adicional.
La conducta de la administración municipal ha revelado un patrón preocupante: mientras no logró sustentar las acusaciones de extorsión que formuló públicamente, ahora enfrenta señalamientos contra sus propios funcionarios por actos de este tipo. Esta contradicción evidencia tanto una doble moral como la instrumentalización de las instituciones con fines políticos.
Según análisis de expertos consultados. Esta situación se agrava en el último año de gobierno, “año de Hidalgo”, cuando las administraciones suelen priorizar intereses y amarrar recursos, sin importar el costo social.
