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Reynosa, Tamaulipas.– El homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto, ha destapado un entramado político y judicial de alto impacto en la entidad.
Vásquez Reyna investigaba a Tania Gisel Contreras López, recientemente electa presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, por presunta asociación delictuosa y tráfico de influencias, según revelaron fuentes oficiales.
La FGR confirmó la detención de Jaret Roberto Hernández, señalado como presunto integrante de “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo. Hernández es identificado como uno de los sicarios que participaron en el ataque contra el delegado. La captura ocurrió en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde además se decomisaron dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga. Información recuperada del teléfono de Hernández confirmó su participación directa en la emboscada y su vinculación con el Cártel del Golfo, organización señalada por el control del huachicol fiscal en la región.
El ataque contra Vásquez Reyna fue planeado con recursos de alto poder, pues incluyó disparos y la detonación de un artefacto explosivo, lo que evidencia la violencia y sofisticación del crimen organizado en Tamaulipas.
La investigación que encabezaba el delegado derivó de dos denuncias formales presentadas por el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). La primera, registrada en mayo de 2025, señala a Contreras López y a Juan Carlos Madero Larios por presunto impago de contribuciones y cuotas compensatorias. La segunda, de abril de 2025, los acusa de asociación delictuosa bajo el artículo 164 del Código Penal Federal, con penas de 10 a 20 años de prisión, por un presunto plan de tráfico de influencias.
Este caso, que combina elementos del crimen organizado y la estructura de poder judicial en Tamaulipas, abre interrogantes sobre el verdadero alcance de las investigaciones de Vásquez Reyna y si su asesinato estuvo motivado por razones más allá de las disputas criminales.
Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los vínculos y motivos detrás del asesinato del funcionario, mientras la sociedad tamaulipeca observa con atención el desarrollo de este escándalo que pone en jaque la confianza en las instituciones del estado.
