Efraín Hernández
El Buen Tono
En Córdoba, las resoluciones del cuerpo edilicio se han reducido a un trámite mecánico, donde los regidores únicamente levantan la mano para respaldar las órdenes del presidente municipal, Juan Martínez Flores, sin abrir espacios de discusión ni garantizar transparencia. El caso más reciente es la intención de aplicar cobros por el servicio de recolección de basura a planteles educativos, acción promovida sin lectura previa en sesión ni publicación del proyecto en plataformas oficiales. Así lo denunció el presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), Manuel Molina Gómez.
El dirigente advirtió que los acuerdos municipales se toman en representación de la población y no a título personal, por lo que la opacidad en este proceso constituye un abuso de poder. “Si no se leyó la propuesta en cabildo, debió difundirse por internet para que la ciudadanía conociera su contenido y opinara. Están ignorando a la gente y actuando de espaldas al pueblo”, señaló.
Molina Gómez recordó que la propuesta fue presentada en un cabildo abierto por la regidora décima, María del Carmen Aguilar Mendoza, encargada de la comisión de limpia pública, a quien acusó de ineptitud y de cobrar cerca de 100 mil pesos mensuales durante más de cuatro años sin mostrar resultados. “Es una funcionaria inútil, que sólo calienta el asiento y aprueba lo que le ponen enfrente”, enfatizó.
