De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El uso indebido de la figura legal de violencia política en razón de género para hostigar y censurar a la prensa crítica se ha convertido en un patrón que periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denuncian como un atentado contra la democracia.
En este contexto, el caso de la síndica Vania López, es uno de los más representativos. La funcionaria ha interpuesto múltiples denuncias contra periodistas, a quienes acusa reiteradamente de violencia política y de género, usando recursos públicos del ayuntamiento para financiar estos procesos.
De acuerdo con información, ha logrado que tribunales federales modifiquen resoluciones previamente ganadas por la periodista, consiguiendo sanciones como la inclusión de su nombre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y la obligación de emitir disculpas públicas, así como bajar artículos en los que se señalan actos de corrupción, desvío de recursos y actos anticipados de campaña.
La síndica ha promovido oficios a dependencias estatales y federales para investigar bienes, ingresos y situación vehicular de la periodista, un claro acoso y presión. Esto ha incluido alertas a Tránsito del Estado para detener su vehículo y solicitudes al ISSSTE para obtener información de sus percepciones. Su actuar se suma a otros casos en el país, como el de Tania Contreras López en Tamaulipas contra el columnista Héctor de Mauleón, o el de la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, quienes han usado esta figura legal para castigar publicaciones incómodas y exponer públicamente a comunicadores.
Ante esta tendencia, periodistas de México han iniciado una campaña nacional a través de la plataforma Change.org para frenar el uso faccioso de la violencia política y de género como mecanismo de censura. Bajo el título “Defendamos la libertad de expresión y los derechos de los periodistas en México”, la petición —que ya suma miles de firmas— exige el cese de estas prácticas, la revisión de sanciones impuestas sin debido proceso y la garantía plena del derecho a informar, investigar y opinar sin represalias.
El mensaje del gremio es claro: quien ocupa un cargo público debe rendir cuentas y tolerar la crítica sustentada. Convertir la ley en un instrumento para callar voces incómodas no solo vulnera la libertad de prensa, sino que erosiona los cimientos de la democracia.
