Este lunes, el nombre de dos empresarios mexicanos, Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, estalló en la agenda pública tras una acusación formal presentada por autoridades federales de Estados Unidos. Ambos, residentes en Texas, están señalados por participar en un complejo esquema de sobornos para obtener y conservar contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).
Según la acusación presentada en el Distrito Sur de Texas, los empresarios entregaron al menos 150 mil dólares en sobornos durante 2019 y 2021, que incluyeron pagos en efectivo y artículos de lujo, como relojes y bolsos caros, a funcionarios de PEMEX. Estas acciones les habrían asegurado contratos por un valor estimado de 2.5 millones de dólares para empresas relacionadas con ellos.
Ramón Alexandro Rovirosa, originario de Tabasco y fundador de Roma Energy en Texas, también es dueño de varias empresas mexicanas ligadas a la industria petrolera y obras públicas, como Tubular Technology y Energy On Shore. Entre 2018 y 2021, estas compañías recibieron contratos por más de 82 millones de pesos de PEMEX. La acusación revela que sobornos facilitaron incluso la reducción de multas y el pago de contratos renegociados.
Además, Rovirosa tiene antecedentes empresariales internacionales y, según el expediente, presuntos vínculos con grupos delictivos en México, aunque estos detalles no han sido divulgados por completo. Fue detenido el 10 de agosto en Texas y enfrenta proceso judicial bajo fianza.
Por otro lado, Mario Alberto Ávila Lizárraga, con una larga carrera política y empresarial, fue subdirector en PEMEX entre 2010 y 2012 y está inhabilitado en México por irregularidades en contratos anteriores. Actualmente está prófugo y también es acusado formalmente en Estados Unidos.
Ambos enfrentan cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con penas que podrían alcanzar hasta cinco años de prisión por cada delito en caso de ser encontrados culpables.
Este caso destapa nuevas sombras sobre la gestión de contratos y corrupción en la principal empresa petrolera del país, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre la transparencia y control en PEMEX.
