AGENCIA
Nicaragua.- El Parlamento nicaragüense, dominado por el Frente Sandinista, aprobó la semana pasada una nueva Ley de Territorio Fronterizo que declara propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros (km) a lo largo de todas las fronteras de Nicaragua. La normativa otorga al Ejército, leal al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, el control y resguardo de esta zona, medida que ha generado preocupación entre propietarios de fincas, empresarios, pueblos indígenas y ambientalistas por su “carácter confiscatorio”.
La ley define como “territorio fronterizo” el área comprendida desde el límite internacional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país y la convierte en una “zona especial” bajo resguardo militar. En su artículo 2 establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
La nueva normativa deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que únicamente consideraba inalienables los primeros cinco kilómetros desde la frontera. La ampliación a 15 kilómetros representa un cambio significativo que puede afectar directamente a fincas ganaderas, concesiones mineras y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente en las fronteras norte con Honduras y sur con Costa Rica.
Tras las protestas de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha utilizado las confiscaciones como herramienta de represión política, expropiando propiedades de opositores, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación, universidades e incluso inmuebles de la Iglesia católica. La más reciente expropiación fue la del colegio San José en Jinotepe, Carazo, anunciada por Murillo el 12 de agosto de 2025.
El impacto de la nueva ley se sentirá en los 950 kilómetros de frontera con Honduras y 309 kilómetros con Costa Rica, áreas que incluyen zonas rurales, montañosas, ríos, áreas protegidas y territorios indígenas. Habitantes y empresarios consultados expresan incertidumbre y temor sobre cómo se aplicará la normativa: “No sabemos nada cómo va a funcionar esta ley, estamos en el aire”, comentó uno de los dueños de finca afectados.
El diputado sandinista Edwin Castro defendió la medida, argumentando que “la nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado y no afecta a los nicaragüenses que habitan ahí”.
Sin embargo, ambientalistas y defensores indígenas advierten sobre riesgos graves. Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, señaló que la normativa podría legalizar concesiones mineras en áreas protegidas, en especial cerca de la frontera con Costa Rica, donde recientemente se otorgaron tres permisos a la empresa china Thomas Metal. Además, el régimen prevé abrir cuatro nuevos puestos fronterizos que favorecerían intereses económicos chinos.
La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que unas cien comunidades indígenas y afrodescendientes se verán afectadas, y que la ley “vulnera de forma directa” su seguridad jurídica y autonomía, legitimando potencialmente expropiaciones y desplazamientos forzosos sin su consentimiento previo, libre e informado.
