AGENCIA
CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que será hasta 2035 cuando logre cumplir casi en su totalidad con los controles volumétricos contra el robo de combustibles, obligatorios desde enero de 2022. Actualmente, la petrolera apenas alcanza un 15 por ciento (%) de cumplimiento, lo que genera dudas sobre posibles sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el Plan de Fortalecimiento de Pemex, la empresa proyecta alcanzar un 96% de cumplimiento en 2035 mediante la creación de un sistema informático denominado Unidad Central de Control, con una inversión de 23 mil 139 millones de pesos. Según la petrolera, esto permitirá mejorar la gestión y supervisión volumétrica en un 81%.
Los controles volumétricos son sistemas que registran y monitorean hidrocarburos y petrolíferos a lo largo de toda la cadena productiva, garantizando la trazabilidad de los productos y evitando la comercialización de combustibles de procedencia ilícita, conocido como huachicol.
Especialistas explican que el rezago de Pemex se debe a la complejidad de su operación, que abarca desde la extracción hasta la venta final, así como a la falta de recursos para modernizar sus sistemas de medición. Aldo Vargas, director de Kernotek, señaló que la empresa “no estaba tan actualizada en sus procesos hasta que el gobierno decidió reactivarla” y reconoció que la asignación de recursos es positiva, aunque sorprende el bajo nivel de cumplimiento.
El SAT es el encargado de supervisar esta obligación tanto en Pemex como en empresas privadas. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas económicas, suspensión temporal de actividades, revocación de permisos y cancelación de sellos digitales, hasta sanciones penales en casos graves. Vargas advirtió que las revisiones deben aplicarse con criterios uniformes: “Si el SAT aplica sanciones a rajatabla sería un problema mayor, pero debe hacerlo bajo un mismo criterio para Pemex y privados”.
El retraso coloca a Pemex en una situación delicada, ya que, como empresa productiva del Estado y actor dominante en el sector, debería liderar el cumplimiento de la regulación. Con este calendario, pasarán más de 13 años desde que entró en vigor la obligación hasta que la petrolera logre el 96% de cumplimiento, mientras el SAT deberá decidir si concede flexibilidad o aplica sanciones, lo que marcará un precedente para todo el sector energético.
