Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Mientras el presidente municipal incumple con la Ley 875 de Transparencia que obliga a la publicación de declaraciones patrimoniales, las clínicas y hospitales vinculadas a él crecen de forma desproporcionada y acelerada hacia el fin de su mandato.
La administración municipal encabezada por el alcalde Juan Martínez Flores enfrenta acusaciones graves por el incumplimiento sistemático de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en lo referente a la fracción XII, que obliga a la publicación de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos que autoricen su difusión.
Según los datos obtenidos del reporte de formatos correspondiente al primer trimestre de 2025, ni el alcalde ni su equipo más cercano han permitido la divulgación de dicha información, amparándose en un marco legal que, paradójicamente, debería garantizar la transparencia.
Este ocultamiento contrasta con evidencia pública de un claro conflicto de interés: la construcción y ampliación de clínicas privadas asociadas al alcalde en avenidas clave de la ciudad, como la 9 y la 13. Vecinos y ciudadanos han documentado la participación de maquinaria y personal municipal en estos trabajos, lo que ha generado un justificado malestar ante la evidente desviación de recursos públicos hacia intereses particulares. Resulta especialmente irónico que, mientras se niegan a transparentar su situación patrimonial, utilicen infraestructura y posiblemente mano de obra pública para beneficio particular.
Esta opacidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de conducta que ha caracterizado a esta administración. La ciudad sufre múltiples carencias: un sistema de recolección de basura colapsado, calles llenas de baches, inseguridad creciente y un desvío de recursos documentado en proyectos como el Centro de Bienestar Animal, que nunca se concretó a pesar de haber sido asignado presupuesto.
A esto se suma el fracaso en la gestión para concretar el proyecto del hospital oncológico del IMSS, una necesidad urgente para la población, mientras el alcalde prioriza la edificación de clínicas privadas que, según reportes, podrían estar vinculadas a servicios de interrupción del embarazo, un tema delicado en una región con profundas necesidades de salud pública.
