Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- La reforma al Código Hacendario Municipal que, por primera vez, establece un impuesto por el servicio de recolección de basura a las escuelas, tanto públicas como privadas, lo pagarían los padres de familia.
“En ninguna otra parte del país, no solo del estado, ningún municipio cobra por recoger la basura a las escuelas públicas.”, afirmó en entrevista el regidor Sergio de la Llave, destacando el carácter inédito y regresivo de la medida.
La iniciativa, impulsada por el alcalde Juan Martínez Flores, introduce en el artículo 235 del código una modificación que incluye a las escuelas en la misma categoría que industrias y comercios. Específicamente, el impuesto se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Para las escuelas públicas, la cuota propuesta es de una UMA por mes, mientras que para los planteles privados sería de cinco UMAS mensuales. Considerando que el valor de una UMA ronda los 108 pesos mexicanos, el cobro mensual para una escuela pública sería de aproximadamente esa cantidad, un monto que, si bien parece modesto, es visto como un precedente grave y un golpe al derecho a la educación.
Esta medida, aprobada por la mayoría del cabildo cordobés pero enviada al Congreso del Estado para su validación final, es señalada como anticonstitucional, mal redactada y una carga económica que terminará recayendo en los padres de familia.
El regidor Sergio de la Llave Migoni, de la comisión de Educación y uno de los cuatro ediles que votaron en contra de la propuesta, desglosó las profundas contradicciones del proyecto.
En primer lugar, señaló que es anticonstitucional cobrar por un servicio municipal obligatorio a instituciones educativas públicas, cuya educación está estipulada como gratuita en el Artículo Tercero de la Constitución.
El regidor explicó que la fracción donde se introduce el cobro está dedicada a “industria o comercio, así como empresas que presenten espectáculos públicos”, una categoría en la que las escuelas no encajan de ninguna manera. Esta incongruencia legal, según de la Llave, hace que la iniciativa sea “improcedente” y demuestra una falta de técnica jurídica en su elaboración.
Pero más allá de los tecnicismos legales, la consecuencia práctica es lo que genera mayor alarma. Sergio de la Llave fue claro al afirmar que, en la práctica, este impuesto será trasladado a las familias. Esto representa una medida antipopular que afectaría directamente la economía de los cordobeses, quienes ya enfrentan gastos significativos.
