Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- A espaldas de la ciudadanía y con total insensibilidad hacia la base trabajadora, la Secretaría de Salud de Veracruz ejecutó un despido masivo que dejó sin empleo a 18 empleados de la Jurisdicción Sanitaria 7 de Orizaba.
La medida, ocurrida apenas días antes del regreso a clases, representa un golpe no sólo para las familias afectadas, sino también para la operación de los servicios médicos en la región. Los trabajadores afirmaron que fueron obligados a firmar “renuncias voluntarias” bajo amenazas administrativas, lo que calificaron como acoso laboral y abuso de autoridad.
La denuncia reveló un patrón de atropello que no se limita a Orizaba, pues la misma situación se replicó en las once jurisdicciones sanitarias del estado, vulnerando el derecho al trabajo y poniendo en entredicho el respeto a la ley.
El personal cesado incluye desde administrativos hasta choferes, personal de salud reproductiva, de promoción a la salud, mantenimiento y servicios generales. En conjunto, son los engranajes que sostienen la operatividad diaria del sistema público de salud. Con su salida forzada, se anticipa un deterioro en la atención a la población, justo en un momento donde la precariedad médica ya es evidente.
Los afectados responsabilizan a David Rangel Zermeño, director administrativo de Sesver, y a Marcela Pozos Gerónimo, subdirectora de Recursos Humanos, de encabezar una operación autoritaria y sin transparencia. Ambos son señalados como responsables de una política que privilegia recortes administrativos por encima del bienestar social.
Ante la magnitud del problema, los trabajadores exigieron que la gobernadora Rocío Nahle García asuma una postura clara frente a estos despidos, que tacharon de injustificados. De no hacerlo, advierten que tomarán las calles para visibilizar lo que hoy se vive en silencio: una mezcla de miedo, coraje e incertidumbre.
