Xalapa, Veracruz, 5 de septiembre de 2025. – Cecilia Rivero Reinoso, representante de la Comisión Veracruzana para la Atención a Padres de Familia A.C., coincidió en que deben aplicarse sanciones a quienes obliguen a los padres de familia a pagar cuotas o restrinjan el acceso de los menores a la educación pública gratuita.
“Si se cobra una aportación supuestamente voluntaria utilizando el nombre del plantel, y no se rinden cuentas claras, entonces ya pueden ser sujetos de denuncia. Están usando el nombre de la escuela para beneficiarse”, explicó Rivero.
Aclaró que si bien muchas escuelas enfrentan necesidades económicas, estas deben ser cubiertas mediante consenso con los padres y no mediante cobros obligatorios. “Sabemos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación puede aportar medio millón de pesos, pero si el gasto anual es de 650 mil, hace falta cubrir esa diferencia. Eso puede hacerse con aportaciones voluntarias de los padres, pero deben estar bien informados y estar de acuerdo.”
Rivero enfatizó que no se pueden condicionar las inscripciones ni el acceso a clases a ningún tipo de pago.
“Se va a citar a quienes hayan obligado a que la inscripción dependiera de un pago. A toda persona que haya condicionado el ingreso de los estudiantes se le va a decir que no debió hacerlo”, sentenció.
Además, aclaró que en ocasiones son las asociaciones de padres quienes organizan cobros sin la autorización del director, lo cual es incorrecto: “El director siempre debe estar enterado, porque el nombre de la escuela está bajo su responsabilidad. Si se demuestra que un director condicionó el ingreso, deberá enfrentarse a las consecuencias; incluso podría ser suspendido, aunque eso depende de lo que determine la Secretaría de Educación”.
También comentó que algunas prácticas tradicionales han contribuido a la confusión: “Por usos y costumbres se han hecho estos cobros, incluso cuando ya terminó el ciclo escolar. Pero esto no se ajusta al reglamento. Las aportaciones voluntarias deben estar respaldadas por un plan de trabajo que justifique las necesidades del plantel”.
Rivero señaló que la Comisión está abierta a orientar a los padres: “Queremos ayudarles a entender cómo deben manejarse estas aportaciones. Hay necesidades reales como baños tapados, cristales rotos, etc., pero todo eso debe discutirse con la comunidad de padres, no imponerse”.
Criticó que algunas asociaciones actúan sin coordinación con la dirección de las escuelas:
“Aunque las APF son autónomas, también deben respetar el reglamento y la jerarquía escolar. No pueden tomar decisiones al margen del director”.
Finalmente, insistió en que la educación es un derecho garantizado por el artículo tercero constitucional, y no debe verse afectado por cobros mal aplicados.
“No se puede negar el ingreso de un niño o niña a la escuela por no pagar una aportación. Las necesidades escolares deben atenderse, pero con transparencia y respeto a la ley”.
