AGENCIA
Nacional.- México enfrenta una de sus peores calificaciones internacionales en materia de combate a la corrupción. El país se ubicó en la posición 99 de 105 naciones evaluadas en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project, WJP), con una puntuación de apenas 0.27 en la escala de 1, donde el valor máximo representa ausencia total de corrupción.
El ranking lo encabezan Dinamarca, Noruega y Finlandia, democracias consolidadas con sólidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En contraste, México apenas supera a regímenes autoritarios o con democracias frágiles como Uganda (95º), Nigeria (97º) o Pakistán (96º), además de países en crisis como Camerún, la República Democrática del Congo, Haití y Venezuela, que ocupan los últimos lugares.
En América Latina, los mejor evaluados fueron Uruguay (26º, con 0.64) y Costa Rica (39º, con 0.51), mientras que Brasil (74º, con 0.37), Perú (85º, con 0.33) y Colombia (86º, con 0.33) se situaron a media tabla. México quedó en la parte más baja de la región, solo por encima de Haití y Venezuela.
El informe del WJP señala que el país presenta altos niveles de sobornos, influencia indebida de intereses privados y malversación de fondos públicos en todas las instituciones evaluadas: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la policía y las fuerzas armadas.
En el Ejecutivo, la corrupción se refleja en funcionarios que utilizan sus cargos para beneficios personales, asignaciones irregulares en procesos de licitación y contratos amañados. En el Poder Judicial, jueces y magistrados aceptan sobornos o ceden a presiones externas, incluso del crimen organizado, lo que mina el acceso a una justicia imparcial.
En las corporaciones de seguridad, tanto policía como fuerzas armadas, se documenta el cobro de mordidas para realizar funciones básicas, además de la infiltración de intereses criminales en operaciones estratégicas. El Legislativo no escapa a este fenómeno: se reporta intercambio de favores políticos a cambio de votos y uso indebido de recursos públicos para fines partidistas.
El WJP también subraya deficiencias graves en el cumplimiento normativo. Persisten adjudicaciones opacas en licitaciones públicas, retrasos injustificados en trámites administrativos vinculados a sobornos y violaciones al debido proceso en decisiones administrativas que afectan tanto a ciudadanos como a empresas. A esto se suma la falta de garantías en casos de expropiaciones, donde el Estado no siempre cumple con los procedimientos legales ni ofrece compensaciones adecuadas.
La situación coincide con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, que colocó al país en el lugar 140 de 180, con solo 26 puntos de 100 posibles, comparable con Irak, Uganda y Nigeria.
Los bajos niveles de sanción agravan el panorama: de 3 mil 350 casos de responsabilidades administrativas, solo 281 recibieron castigo. Casos emblemáticos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra o Selgamex permanecen sin sentencia firme, a pesar de que 26 personas han sido vinculadas a proceso penal.
El World Justice Project concluye que la corrupción se ha convertido en un factor determinante del debilitamiento del Estado de Derecho en México, afectando directamente la gobernanza, la justicia y el desarrollo económico, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
