De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La polémica en torno a Omar Anitua Valdovinos, yerno del empresario Laureano Carus García, sigue escalando luego de que salieran a la luz documentos que confirman la obtención de contratos multimillonarios con la Administración Portuaria de Altamira y otros puertos estratégicos del país.
De acuerdo con información pública de la plataforma CompraNet y del Diario Oficial de la Federación (DOF), la empresa SEPIVER S.A. de C.V., que opera bajo la marca DUXON, participó en una licitación junto con Global VoIP de México para la implementación de un sistema de control de acceso vehicular en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con un contrato que supera los 363 millones de pesos.
Este proyecto se suma a una serie de adjudicaciones obtenidas entre 2022 y 2024 en puertos como Progreso, Veracruz y Lázaro Cárdenas, periodo en el que SEPIVER amplió su presencia nacional y, con ello, creció de manera acelerada el patrimonio de Anitua Valdovinos, quien incluso adquirió un avión privado, lo que ha despertado sospechas sobre el origen de su fortuna.
Aunque no existe aún una investigación penal formal en su contra, especialistas en seguridad y comercio exterior advierten que la operación de empresas privadas en puertos estratégicos ha sido señalada como un factor clave para el crecimiento del mercado ilícito de hidrocarburos y otros esquemas de contrabando en México.
Además, fuentes de la Administración Portuaria Integral (API) señalan que en al menos un incidente documentado, personal técnico habría tenido acceso restringido a las cámaras de seguridad del puerto, a pesar de que el sistema instalado era parte de este contrato millonario, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia y el verdadero alcance del servicio.
Mientras tanto, familiares del empresario, como Fernando Carus, lo siguen calificando como un “visionario”, pese a que las adjudicaciones y el repentino crecimiento económico apuntan a una posible red de complicidades entre empresas y autoridades federales pasadas.
Por ahora, la exigencia de aclarar contratos, licitaciones y pagos permanece pendiente, y se espera que tanto la Secretaría de Marina como la Fiscalía General de la República informen si existen investigaciones abiertas sobre este esquema de “huachicol fiscal” que sigue salpicando a empresarios y políticos en Veracruz y Tamaulipas.
