


De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, salió en defensa de su amante, Laura González Valerio, en medio de las denuncias de despidos masivos en Casavegas y otras áreas del ayuntamiento. En su intento por minimizar el problema laboral, cayó en una evidente contradicción: mientras niega que haya bajas en grupo, reconoce que existen “1 o 2 renuncias diarias”, lo que equivale a entre 30 y 60 al mes, cifra mucho mayor a la que pretende restar importancia.
“Si hubiera una renuncia masiva de 40 definitivamente no… a lo mejor alguno de los artistas que venían no participaron, pero eso fue todo. No hay ningún despido, no sé si haya renuncias… Finalmente tenemos entre 15 o 20 renuncias al mes… o uno o dos diarios, pero eso es completamente falso, es gente mala leche queriendo fastidiar”, declaró el edil.
Contradicciones en sus dichos
Las propias palabras del alcalde revelaron el fondo de la crisis: sí reconoce que hay 1 o 2 bajas al día, la suma equivale a un promedio anual de 360 a 700 separaciones, lo que convierte en insostenible su discurso de normalidad administrativa.
Mientras acusa a la prensa de inventar cifras, admite al mismo tiempo una rotación constante de personal que no sólo afecta a Casavegas, sino a diversas áreas del ayuntamiento.
La obligación de transparentar:
Más allá de los dichos, el presidente municipal está legalmente obligado a responder. La Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, en su artículo 31, fracción XIX, establece que el alcalde debe “vigilar el funcionamiento de la administración pública municipal, garantizar la legalidad de los actos de gobierno y velar por el respeto de los derechos de los trabajadores del ayuntamiento”.
Es decir, no puede deslindarse ni proteger a funcionarios cuestionados, y mucho menos a su amante, señalada de operar despidos arbitrarios y de ejercer un trato autoritario contra el personal.
Nepotismo disfrazado de normalidad:
La defensa a González Valerio, coordinadora de la ASI (Asuntos Sin Importancia), refuerza la percepción ciudadana de que el ayuntamiento de Orizaba funciona bajo lógicas de nepotismo, favoritismo y simulación. Mientras la administración presume estabilidad y modernidad turística, hacia dentro se acumulan reclamos por precariedad laboral, humillaciones y abusos de poder.

