Agencias
VERACRUZ.- En un nuevo escándalo de corrupción que involucra a aduanas mexicanas, se detectaron importaciones atípicas y sospechosas de lubricantes que habrían servido como fachada para introducir gasolina y diésel sin pagar impuestos, conocido como “huachicol fiscal”. Este fenómeno afectó principalmente a las aduanas de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, aunque también se extiende a otras 21 aduanas en 13 estados del país.
Según datos de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) citados por el diario español El País, entre 2021 y 2022 se observó un incremento desproporcionado en la importación de aceites lubricantes, que pasaron de 5,500 y 3,000 millones de litros en 2019 y 2020, respectivamente, a más de 18,200 y 14,700 millones de litros en los dos años posteriores. Esto representa un excedente de casi 27,000 millones de litros, equivalente a 2,700 barcos petroleros, con un daño potencial a la Hacienda pública estimado en 120,000 millones de pesos (unos 6,000 millones de dólares).
La red de huachicol fiscal no solo opera en Tampico, Tamaulipas, sino también en otros puertos y aduanas de Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tabasco, Sonora, Baja California, Colima, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Yucatán, donde se registraron incrementos inexplicables en la importación de estos lubricantes usados como aditivo para el contrabando.
Este caso se suma a las recientes detenciones, el 7 de septiembre, de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas varios oficiales de alto rango de la Marina. Las investigaciones apuntan a una red integrada por fuerzas armadas, funcionarios públicos y empresarios, liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante, respectivamente, y sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los Farías Laguna presuntamente utilizaron su influencia para colocar a personas de confianza en puestos clave de las aduanas, facilitando el ingreso ilegal de combustibles sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Documentos filtrados por Guacamaya Leaks revelan que estas operaciones irregulares comenzaron desde enero de 2020, según informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que alertan sobre un aumento injustificado en las importaciones de lubricantes sin sustento en la actividad económica real.
El caso representa uno de los mayores golpes a la corrupción en la actual administración y pone en evidencia la complicidad entre autoridades y grupos criminales para operar el huachicol fiscal en México.
