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“La Barredora”, red criminal liderada por Hernán N, cobraba 1,200 pesos por migrante con apoyo de policías estatales

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Agencias

México.- El grupo delictivo La Barredora, encabezado por Hernán N, utilizaba a policías estatales para facilitar el tráfico de migrantes en Tabasco, cobrando 1,200 pesos por persona para permitirles cruzar la entidad sin ser detectados, según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con testimonios contenidos en el expediente, un testigo protegido identificado como C.T.D.R. reveló que los migrantes eran plenamente identificados y controlados por la organización, siendo introducidos a territorio tabasqueño por un operador apodado “Balú”, con la complicidad de elementos de la policía estatal.

La principal ruta de tránsito comenzaba en Chiapas y recorría los municipios de Tenosique, Jonuta, Centla y La Venta, en Tabasco. El testigo afirmó que parte de las ganancias generadas por esta actividad ilícita era entregada directamente a Hernán N, conocido también como “Comandante H”, quien en ese entonces ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Seguridad estatal.

Más que tráfico de migrantes: una red delictiva estructurada

Además del tráfico de personas, la FGR sostiene que La Barredora generaba ingresos a través de narcomenudeo, robo de hidrocarburos (huachicol), extorsión y secuestro. Las utilidades, señala la investigación, eran “exorbitantes” y se distribuían conforme al nivel jerárquico de los integrantes, beneficiando principalmente al líder del grupo.

Otro de los operadores clave identificados es Yeison Daniel N, alias “Chichirria”, contra quien también se giró una orden de aprehensión federal.

Captura y proceso judicial

Hernán N fue detenido en Paraguay, donde se encontraba prófugo. Tras su extradición, fue ingresado al penal federal del Altiplano, donde enfrenta prisión preventiva por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, y está pendiente su proceso por delincuencia organizada.

Cabe destacar que Hernán N fue designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, actual senador de la República. Según declaraciones del testigo protegido, su relación con el entonces gobernador comenzó desde la campaña electoral, donde presuntamente operó políticamente a su favor.

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