De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.– La delincuencia organizada ha impuesto el cobro de piso en el sur de Veracruz, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) actúan con una pasividad que raya en la complicidad con la delincuencia.
El pasado 8 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas, un integrante del grupo criminal “New Veracruz” llamó a una empresa de transporte exigiendo el pago de una “cuota” para permitir que sus unidades circularan sin represalias en municipios como Sayula, San Juan Evangelista y la zona de Jáltipan–Acayucan. La amenaza fue clara: quien no pague, enfrentará consecuencias, incluso la muerte de los operadores y la quema de los tráileres, señalan en mensajes para intimidar.
Los números desde donde llegaron las amenazas quedaron identificados: 2291388767 y 7226487439, desde estos se enviaron mensajes en los que exigían hasta un millón de pesos iniciales por transportistas y 70 mil mensuales como “pago” por operar en la región, a pesar de las denuncias a la SSP y Fiscalía dichos números siguen operando impunemente, sin haber detenidos, a pesar de contar con la tecnología necesaria para su ubicación y detención.
Testimonio directo de trabajadores
Un trabajador relató cómo ocurrieron los hechos cuando desconocidos llegaron a las instalaciones de carga en Jáltipan:
“Sí, se reportó a tiempo. Los operadores avisaron a los vigilantes, ellos a la planta y enseguida se pidió apoyo, pero los sujetos ya se habían retirado cuando llegó la policía”, narró.
“Yo vi pasar dos camionetas sospechosas. Entraron a hablar con los operadores, les exigieron que sus patrones se reportaran con ellos. No intentaron llevárselos, pero la amenaza fue directa”.
La policía llegó tarde. Los delincuentes se habían ido. No hubo detenciones, ni investigación inmediata.
Autoridades rebasadas o cómplices
Las víctimas presentaron denuncias formales ante la FGE, documentando las amenazas, números telefónicos y testimonios. Sin embargo, no existe ningún avance real: ni identificación de responsables, ni operativos efectivos para frenar a grupos delictivos.
La percepción entre los afectados es que la falta de acción obedece a corrupción o colusión de elementos policiacos y ministeriales, pues los criminales actúan con impunidad en una región donde se han reportado vehículos incendiados y amenazas constantes.
Impacto económico y social
Por temor, varias empresas han dejado de enviar unidades a cargar en la zona de Jáltipan–Acayucan, paralizando la economía y dejando en riesgo el empleo de cientos de trabajadores.
Los empresarios exigen una respuesta urgente de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque hasta ahora han ignorado las denuncias y permitido que el crimen organizado dicte las reglas en el sur de Veracruz.
WWW.ELBUENTONO.COM.MX
