De la redacción
El Buen Tono
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 106 votos de todos los grupos parlamentarios, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. La medida otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, penas y mecanismos de atención a víctimas en todo el país.
Con esta reforma, que ya pasó por comisiones y se espera sea discutida en el Pleno del Senado la próxima semana, el combate a la extorsión dejará de depender exclusivamente de los gobiernos estatales, buscando reducir vacíos legales que favorecen la impunidad. Según el dictamen, la homologación de sanciones permitirá mayor certeza jurídica y fortalecerá el Estado de derecho, además de garantizar la progresividad de los derechos humanos y la prevención del delito.
El documento establece que la estrategia contra la extorsión se basará en cinco ejes: generar detenciones prioritarias mediante investigaciones, crear unidades antiextorsión locales, aplicar protocolos de atención temprana a víctimas, encargar la investigación a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, y ejecutar campañas nacionales de prevención.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, remitió el dictamen a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración, señalando que esta reforma forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa un paso firme en la protección de las familias mexicanas.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reforma permitirá unificar criterios, cerrar vacíos legales y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, destacó que este delito afecta hogares, negocios e instituciones y es utilizado por el crimen organizado para financiar sus actividades ilícitas.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, señaló que la alta impunidad desincentiva la denuncia ciudadana, y subrayó la importancia de homologar las sanciones y agravantes a nivel federal y estatal. Por su parte, Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, indicó que el país registró 5 mil 887 víctimas de extorsión en el primer semestre de 2025, según el monitor de seguridad de Coparmex, y respaldó la necesidad de una regulación uniforme acompañada de una estrategia efectiva.
