AGENCIA
Nacional.- Después de meses de negociaciones, mesas técnicas y diálogos discretos, los distribuidores de gas LP obtuvieron un margen operativo de 3.51 pesos por litro dentro del precio final al consumidor, un acuerdo logrado el 15 de agosto que busca aliviar tensiones en el sector. Sin embargo, la medida no elimina las dificultades financieras de los distribuidores, quienes aseguran que ese margen no cubre completamente salarios, combustible, mantenimiento de unidades y regulaciones obligatorias.
El gas LP es un servicio estratégico en México: ocho de cada 10 hogares lo utilizan para cocinar, calentar agua o activar la calefacción en invierno. Desde 2021, cuando la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso techos máximos de precios, la relación entre distribuidores y autoridades se tensó, generando paros laborales y complicaciones operativas. El acuerdo más reciente, según Amexgas, busca certidumbre y estabilidad en la operación del sector, estableciendo un margen uniforme de 3.51 pesos por litro, equivalente a 6.50 pesos por kilo, con ajustes posibles en regiones con condiciones extremas.
No obstante, expertos señalan que el margen debería acercarse a 4.60 pesos por litro para cubrir adecuadamente todos los costos, desde salarios hasta mantenimiento y controles regulatorios. La fórmula de precio máximo, publicada por la CRE, contempla la molécula de gas, logística, carga regulatoria, margen operativo, distribución y utilidad empresarial, pero deja zonas grises y un factor “K” cuya determinación no es clara para la industria. Para esta semana, el precio máximo aplicable es de 10.64 pesos por litro, de los cuales alrededor de seis pesos corresponden a la molécula y el resto debe cubrir los 3.51 pesos de margen operativo, con gastos laborales, distribución y mínima ganancia.
La limitación de margen también impacta en la seguridad del sector. Recientes accidentes, como la explosión de una pipa en Iztapalapa, evidencian que la prevención depende de equipos en buen estado, capacitación constante y supervisión efectiva. Con márgenes ajustados, la inversión en mantenimiento y seguridad se reduce, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a la población.
El próximo reglamento del sector de hidrocarburos podría modificar la carga regulatoria, ya sea simplificando procesos o aumentando requisitos, pero la capacidad financiera de los distribuidores seguirá siendo clave para garantizar operaciones seguras. Mientras la Secretaría de Energía asegura que el acuerdo protege al consumidor y mantiene al sector funcionando, los distribuidores lo ven como un alivio temporal que no resuelve los problemas estructurales de su operación diaria.
