Agencias
Hernán Bermúdez Requena, alias “el Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder fundador del cártel La Barredora durante la administración de Adán Augusto López, fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre tras un operativo coordinado por la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bermúdez Requena, que fingía ser un empresario mexicano del sector energético, vivía en una zona exclusiva de Asunción y se movía con discreción, pero con un estilo de vida ostentoso.
El factor clave para su captura fue el despilfarro de su esposa, quien por aburrimiento comenzó a gastar excesivamente en bolsos de lujo, ropa, joyas y vinos, lo que alertó a las autoridades. La tarjeta de crédito familiar, usada en compras de hasta 300 mil pesos en un solo día, activó la vigilancia que condujo a la operación. Se le ubicó en Mariano Roque Osorio, una de las zonas más exclusivas de Paraguay, donde él pagaba con grandes cantidades de efectivo y cambiaba diariamente hasta mil dólares en moneda local.
Bermúdez Requena ingresó de forma ilegal a Paraguay, usando la frontera con Brasil, y aseguró tener negocios con Petrobras y otras empresas petroleras. Aunque intentó mantener un perfil bajo, era conocido por sus vecinos como el “narco mexicano”. Buscaba formar un cártel en el Cono Sur, estableciendo contactos con grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y manteniendo alianzas con cárteles mexicanos como Sinaloa y CJNG.
Intercepciones telefónicas y análisis de sus dispositivos muestran que presumía de tener contactos en el gobierno mexicano y la capacidad para mover grandes cantidades de cocaína y armas. Sin embargo, sus intentos de consolidar operaciones en Sudamérica no prosperaron, aunque las investigaciones continúan sobre sus subordinados y vínculos con traficantes de Paraguay, Brasil y Bolivia.
Desde febrero de 2025, la Fiscalía General de Tabasco mantiene vigente una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena por delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa, que podrían sumar hasta 90 años de prisión. Documentos filtrados por Guacamaya Leaks lo identifican desde 2019 como operador criminal clave con vínculos en el gobierno tabasqueño, lo que ha generado controversia política. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no se protegerá a nadie” ante posibles encubrimientos.
