Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- Un perro permanece en la azotea de una vivienda, a la intemperie y bajo un aguacero torrencial, sin resguardo alguno. Se trata de un caso ya reportado con anterioridad, en el que ni la Coordinación de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) ni ningún miembro del cabildo o del Ayuntamiento han tomado medida alguna, a pesar de que existe un reglamento que, en teoría, sanciona el maltrato animal. Este caso no es un hecho aislado, sino la evidencia más reciente de un patrón de negligencia y maltrato que los ciudadanos denuncian con frecuencia, sin ser escuchados por las autoridades. Al final, son los rescatistas independientes quienes terminan acudiendo al auxilio de los animales.
El perro se encuentra en la azotea de una vivienda ubicada en Norte 16, entre Oriente 7 y 9. Las autoridades municipales no han reaccionado a la denuncia y se mantienen en un silencio cómplice, lo que aviva la indignación ciudadana.
Este caso se enmarca en una problemática más amplia, donde la lucha contra el maltrato animal choca constantemente con la inercia burocrática y la falta de voluntad política para aplicar la ley.
La situación en Orizaba refleja lo que ocurre en diversas partes de México, donde la impunidad frente al maltrato animal es la norma. Aunque existen leyes que tipifican estos actos como delitos, su aplicación es inconsistente y, básicamente, nula.
El maltrato animal no es solo un asunto de compasión; es un indicador de salud social y un tema de estricta justicia. Los patrones de comportamiento que implican crueldad hacia los animales no existen en un vacío; con frecuencia se interconectan con problemáticas de violencia doméstica y reflejan una falta de empatía que impacta a toda la comunidad.
