AGENCIA
Nacional.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un cambio drástico en la regulación de la venta de tarjetas SIM en México, con el objetivo de frenar el uso de teléfonos celulares en actividades delictivas, especialmente las extorsiones telefónicas. La nueva política establece que la compra de chips quedará sujeta a controles mucho más estrictos y requerirá la presentación de una identificación oficial.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la recientemente creada Comisión de Telecomunicaciones será la encargada de supervisar la implementación del nuevo esquema. Actualmente, cualquier persona puede adquirir varias tarjetas SIM sin mostrar documento alguno, lo que permite a delincuentes cambiar de número con facilidad, incluso desde centros penitenciarios.
“Esto va a bajar muchísimo la extorsión. Es por medida de seguridad”, aseguró la mandataria, quien detalló que el plan contempla dos ejes principales: Exigir identificación oficial en la compra de chips y bloquear la señal de celulares en los centros de reclusión.
Las empresas de telecomunicaciones serán responsables de almacenar y proteger la información de los compradores, y solo podrán compartirla con las autoridades mediante una orden judicial. El gobierno sostiene que esta medida busca no solo reducir la incidencia delictiva, sino también proteger la privacidad de los usuarios.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para identificar plenamente todas las líneas móviles activas del país. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones establece que, a partir de junio de 2026, cualquier línea no registrada con CURP será suspendida. Esto afectará a las más de 142 millones de líneas móviles existentes, tanto de prepago como de pospago.
El programa piloto comenzó el 1 de septiembre de 2025. En esta primera fase, quienes adquieran una nueva línea deberán proporcionar su CURP de manera presencial en puntos de venta autorizados. Más adelante se habilitarán opciones remotas para que los usuarios con líneas activas completen el proceso de registro.
Aunque la medida busca reforzar la seguridad, no está libre de controversia. Experiencias previas como el Renaut en 2008 -cuya base de datos fue filtrada- y el Panaut en 2021 -invalidado por la Suprema Corte por violar derechos de privacidad- generan preocupación. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierten sobre riesgos potenciales, como la clonación de tarjetas SIM, la importación de chips extranjeros sin control o posibles ciberataques contra las bases de datos de las operadoras.
Pese a las críticas, el gobierno federal sostiene que la diferencia radica en los nuevos candados legales. Los datos no estarán en manos del Estado, sino bajo el resguardo directo de las empresas, las cuales solo podrán liberar la información mediante autorización judicial. Con estas medidas, la administración busca cerrar el paso a las extorsiones telefónicas y delitos relacionados con el uso anónimo de líneas móviles en México.
Tendrán la geolocalización permanente de toda persona. ¿Qué podría salir mal con un gobierno autoritario? La misma receta que ocupa Venezuela para encontrar de inmediato a opositores o personas incómodas para el gobierno.
Piensan que el CO va a comprar chips y celulares de forma legal, ¡si consiguen metralletas, granadas y armamento en mercado negro! Ahora habrá personas humildes registrándose y comprando chips por 100 pesos.
