Agencias
Ciudad de México.– El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos nuevas normas de emergencia para reforzar la seguridad en el transporte y la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP), luego de la explosión de un camión cisterna en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre que dejó 31 personas muertas y decenas de heridos.
Las disposiciones, emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), establecen mayores exigencias técnicas y de operación con el fin de prevenir accidentes y reducir riesgos tanto a la población como al medio ambiente.
Normas más estrictas
Se trata de la NOM-EM-006-ASEA-2025 (transporte) y la NOM-EM-007-ASEA-2025 (distribución), que elevan los estándares de seguridad al imponer nuevas obligaciones a los concesionarios. Entre ellas destacan:
- Presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades.
- Realizar inspecciones internas y pruebas hidrostáticas para detectar posibles fallas estructurales.
- Instalar dispositivos de control de velocidad y sistemas GPS con transmisión en línea para monitoreo en tiempo real.
- Acreditar que los conductores cuenten con capacitación teórico-práctica certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
Plazos y costos
El cumplimiento de estas disposiciones será gradual. Las pipas con capacidad superior a 5 mil litros y más de 10 años de antigüedad tendrán un plazo de cuatro meses para adaptarse; el resto de las unidades deberán hacerlo durante 2026.
La ASEA anticipó que el impacto económico será mínimo, calculando un aumento de apenas 0.2% en el precio final al consumidor.
Seguridad vial en la capital
Estas medidas se suman a las 13 acciones anunciadas el 30 de septiembre por la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, para regular el transporte de sustancias peligrosas en vialidades de la capital, incluyendo límites de velocidad, rutas exclusivas, horarios restringidos y mayores sanciones para las empresas que incumplan.
Con la entrada en vigor de estas normas, el Gobierno busca responder a la demanda social de mayor seguridad tras la tragedia en Iztapalapa y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
